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Asunción, Paraguay – En un giro diplomático que ha encendido el debate nacional, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, ha enfatizado la creciente importancia de la cooperación con Washington en la lucha contra el crimen organizado, llegando a comparar la situación actual con la posibilidad de una nueva incursión del Primer Comando Capital (PCC) en territorio paraguayo. Paralelamente, el gobierno del presidente Santiago Peña defiende la consolidación de su ambicioso programa “Hambre Cero”, mientras que la Policía Nacional enfrenta escrutinio en el Senado por irregularidades en el uso de combustible.
Las declaraciones del embajador Leite, realizadas el pasado 6 de marzo de 2026, revelan un nivel de preocupación y una búsqueda de apoyo externo sin precedentes. El diplomático subrayó que la cooperación con Estados Unidos ha alcanzado un punto álgido en los últimos meses, destacando el reciente acuerdo sobre Fuerzas Especiales, un convenio que, según sus palabras, es similar a los que Estados Unidos mantiene con todos los países miembros de la OTAN.
“Creo que nunca ha habido tanta cooperación tan explícita como en los últimos meses”, afirmó Leite, sugiriendo que la amenaza del crimen organizado ha alcanzado una magnitud que requiere asistencia internacional. La referencia específica al PCC, una facción criminal brasileña que ha extendido su influencia en la región, es particularmente alarmante. Leite planteó un escenario hipotético, pero inquietante: “Si mañana viene de vuelta el PCC y toma otra vez Katueté, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude?”.
Esta pregunta retórica refleja una creciente desconfianza en la capacidad de Paraguay para enfrentar solo la amenaza del crimen organizado, y una clara apuesta por el respaldo de Estados Unidos. El embajador también instó a Paraguay a aprender del ejemplo estadounidense, señalando que Washington identificó a los grupos terroristas que manejan drogas como la principal amenaza a su juventud, una situación que, según Leite, no es muy diferente en la frontera paraguaya.
La solicitud de ayuda externa ha generado un debate polarizado en Paraguay. Algunos sectores de la oposición y la sociedad civil han expresado su preocupación por la posible pérdida de soberanía y la injerencia extranjera en asuntos internos. Otros, sin embargo, argumentan que la situación es tan grave que justifica la búsqueda de apoyo internacional.
En paralelo a la creciente preocupación por la seguridad, el gobierno de Santiago Peña ha defendido los avances de su programa “Hambre Cero”, una iniciativa ambiciosa destinada a erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país. El presidente Peña, también en declaraciones del 6 de marzo, destacó los beneficios del programa para niños y jóvenes, pero reconoció la necesidad de un control riguroso para garantizar su éxito.
“Hicimos un programa demasiado grande, ambicioso y, por supuesto, el control es fundamental”, afirmó Peña. El presidente señaló que el año 2025 fue dedicado a la implementación del programa, mientras que 2026 se enfoca en la consolidación y el fortalecimiento de los mecanismos de control. Peña anunció que ya se han aplicado sanciones por incumplimientos, lo que, según él, ha enviado una señal clara de que el gobierno no tolerará la corrupción ni el despilfarro.
El éxito del programa “Hambre Cero” depende, según Peña, de la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. El presidente enfatizó la importancia del apoyo de los gobiernos locales para garantizar que los beneficios del programa lleguen a quienes más los necesitan.
Sin embargo, la imagen de un gobierno comprometido con la transparencia y la eficiencia se ve empañada por las recientes acusaciones de irregularidades en el uso de combustible por parte de la Policía Nacional. El Senado convocó a los altos mandos de la Policía, incluyendo al comandante Carlos Benítez, para dar explicaciones sobre el destino de 28 mil millones de guaraníes destinados al consumo de combustible provisto por Petropar, la petrolera estatal.
Durante la audiencia, el comandante Benítez y su equipo intentaron minimizar las acusaciones, argumentando que se trata de un problema de forma en la facturación de Petropar. La comisario Alicia Agüero, de la Dirección de Administración y Finanzas, explicó que Petropar emite facturas genéricas que no especifican la cantidad de combustible ni el monto unitario, pero que existe otra documentación detallada que respalda las operaciones.
Sin embargo, la explicación no convenció a todos los senadores, quienes señalaron que la falta de especificación en las facturas de Petropar viola una resolución de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DNIT). La oposición ha exigido una investigación exhaustiva para determinar si hubo malversación de fondos o corrupción en la Policía Nacional.
La situación es aún más delicada debido a que Petropar, la petrolera estatal, ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y su presunta vinculación con intereses políticos. La oposición ha acusado a Petropar de favorecer a empresas amigas y de manipular los precios de los combustibles.
En resumen, Paraguay se encuentra en una encrucijada. La creciente amenaza del crimen organizado, la ambiciosa pero desafiante implementación del programa “Hambre Cero” y las acusaciones de corrupción en la Policía Nacional plantean serios desafíos para el gobierno de Santiago Peña. La búsqueda de apoyo externo, especialmente de Estados Unidos, podría ser una estrategia necesaria para enfrentar la crisis de seguridad, pero también podría generar tensiones y controversias en el ámbito interno. El futuro de Paraguay dependerá de la capacidad del gobierno para abordar estos desafíos de manera transparente, eficiente y con el apoyo de la sociedad civil.
