México enfrenta un momento crucial en su lucha contra el narcotráfico tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia, confirmada el pasado 6 de marzo de 2026, ha generado un debate intenso sobre el futuro de la seguridad en el país y sus implicaciones para toda América Latina. La doctora Vanessa Cárdenas, experta en relaciones internacionales y seguridad de la UNAM, advierte que el éxito o fracaso de la estrategia mexicana en este punto crítico podría sentar un precedente regional, determinando si la gobernabilidad democrática prevalece frente al poder corrosivo del crimen organizado.
Durante al menos dos décadas, México ha sido el epicentro de algunos de los cárteles de narcotráfico más poderosos y violentos del mundo, siendo el Cártel de Sinaloa y el CJNG los nombres más resonantes. Estos grupos criminales controlan un mercado global de drogas que, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe de 2025, abarca a 316 millones de consumidores. Su influencia se extiende más allá del narcotráfico, abarcando actividades como la extorsión, la minería ilegal, la trata de personas, el robo de combustibles y el control territorial, construyendo estructuras transnacionales que desafían la autoridad del Estado.
La posición geográfica de México es un factor clave en esta problemática. Su extensa frontera de más de 3.100 kilómetros con Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de drogas ilícitas, y su papel como puente natural para la cocaína proveniente de Colombia, Perú y Bolivia, convierten al país en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Esta combinación de factores ha transformado a México no solo en una ruta de tránsito, sino en un centro de operaciones para los cárteles.
El Cártel de Sinaloa, consolidado por figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, evolucionó hacia una federación criminal con presencia en decenas de países. El CJNG, bajo el liderazgo de “El Mencho”, emergió como una organización expansiva y particularmente violenta, disputando territorios en gran parte del país y extendiendo su influencia en Centro y Sudamérica. La violencia asociada a esta disputa territorial ha alcanzado niveles alarmantes, con 25.469 homicidios registrados en 2024, según datos de Insight Crime, la mayoría relacionados con el crimen organizado. México vive, por tanto, una crisis de violencia estructural que antes se consideraba excepcional.
La “guerra contra el narco” iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006, basada en el despliegue masivo de Fuerzas Armadas y la captura de líderes criminales, tuvo consecuencias imprevistas. Si bien se lograron detenciones y abatimientos de figuras clave, la estrategia provocó la fragmentación de los cárteles, dando lugar a células más pequeñas, inestables y violentas. La corrupción, evidenciada por la condena en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, demostró que la lucha contra el narcotráfico no puede ser efectiva sin una depuración interna del Estado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder en 2018, propuso un cambio de paradigma con la estrategia de “abrazos, no balazos”, enfocada en abordar las causas sociales de la violencia. Sin embargo, en la práctica, la presencia militar se mantuvo e incluso se consolidó con la creación de la Guardia Nacional. Incidentes como el operativo fallido en Culiacán en 2019, que resultó en la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, generaron dudas sobre la efectividad de la estrategia. La recaptura de Ovidio Guzmán en 2023 demostró que el Estado no había renunciado al uso de la fuerza, pero la pregunta sobre la sostenibilidad de la estrategia persistió.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha defendido la continuidad de la estrategia, enfatizando la inteligencia y la coordinación. Sin embargo, la intensificación de los operativos contra figuras de alto perfil como “El Mencho” plantea interrogantes sobre si se trata de una mera táctica o de un cambio real en la política de seguridad. La captura o neutralización de “El Mencho” representaría un logro simbólico importante, pero la experiencia mexicana ha demostrado que la caída de un líder no garantiza el desmantelamiento de su organización.
La historia del Cártel de Sinaloa tras la detención de “El Chapo” es un claro ejemplo de esta resiliencia. La organización no desapareció, sino que se reconfiguró, con tensiones internas que demostraron que la estructura criminal es más fuerte que sus líderes visibles. La fragmentación resultante de la caída de “El Mencho” podría generar disputas internas por el control del CJNG, lo que podría traducirse en un aumento de la violencia contra las comunidades locales.
La presión de Estados Unidos es un factor determinante en esta situación. Washington ha insistido en acciones más contundentes contra el tráfico de fentanilo, responsable de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense. La cooperación bilateral incluye extradiciones y coordinación de inteligencia. Sin embargo, el problema es binacional, ya que un porcentaje significativo de las armas utilizadas en los crímenes en México provienen de Estados Unidos, según rastreos oficiales. El flujo de armas hacia el sur debe ser detenido para reducir la capacidad de fuego de los cárteles.
La narcopolítica es otro eslabón crítico en la cadena del crimen organizado. Los recientes asesinatos de aspirantes y funcionarios locales durante los procesos electorales demuestran la intención de los cárteles de influir o capturar gobiernos municipales y estatales. Para que la estrategia federal sea efectiva, es necesario procesar a los funcionarios coludidos y desmantelar las redes de protección política.
El seguimiento del dinero es igualmente crucial. El lavado de activos a través de empresas fachada, bienes raíces y sistemas financieros formales e informales mantiene viva la estructura económica de los cárteles. Una ofensiva coordinada contra las finanzas ilícitas es esencial para evitar que la captura de líderes se convierta en un simple golpe mediático.
La dimensión regional tampoco puede ser ignorada. Los cárteles mexicanos han extendido su influencia en puertos sudamericanos, rutas amazónicas y enclaves estratégicos en Centroamérica y el Pacífico, asociándose con bandas locales y multiplicando la violencia. Lo que ocurre en México no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado criminal transnacional.
La doctora Cárdenas enfatiza que el desafío es histórico y que su desenlace definirá no solo el legado del actual sexenio, sino la viabilidad de la gobernabilidad democrática frente al poder del crimen organizado. Si México logra combinar firmeza operativa con depuración institucional y cooperación internacional integral, podría sentar un precedente regional. De lo contrario, el riesgo es que el fenómeno de fragmentación y captura territorial se expanda aún más por el continente. La pregunta clave no es si hubo “abrazos” o “puños”, sino si el Estado mexicano está dispuesto a ir más allá de la captura de líderes y desmantelar las condiciones estructurales que permiten la aparición de nuevos capos.
