Jacob Zapeta-Castro, un ciudadano guatemalteco y propietario del establecimiento de panadería y cafetería El Quetzal, ubicado en Lake Worth Beach, Florida, se encuentra actualmente atravesando un complejo proceso legal en los Estados Unidos. El empresario tomó la decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades migratorias con el objetivo primordial de proteger a los trabajadores de su negocio, una acción que lo llevó a ser detenido el pasado 9 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Caminos de Florida.
El momento de la detención tuvo un fuerte impacto emocional y mediático, ya que el arresto fue presenciado por los hijos de Zapeta-Castro. Las imágenes de este suceso fueron capturadas en un video que posteriormente se difundió a través de diversas redes sociales, visibilizando la situación del propietario del negocio.
En cuanto al cronograma judicial, el guatemalteco tuvo su primera comparecencia ante el tribunal el 17 de julio, donde fue atendido por el juez magistrado Bruce Reinhart, en West Palm Beach. Posteriormente, el 29 de julio, se llevó a cabo la audiencia formal para la lectura de los cargos presentados en su contra.
Mark Eiglarsh, el abogado defensor designado para representar a Zapeta-Castro, brindó declaraciones al medio The Palm Beach Post para detallar el panorama legal actual. Al finalizar la comparecencia, Eiglarsh explicó que el proceso se encuentra en la fase de lectura de cargos, razón por la cual la primera medida legal fue presentar una declaración de inocencia en nombre de su cliente.
El abogado defensor señaló que, siguiendo la normativa local, han solicitado formalmente todas las pruebas del caso. En este sentido, Eiglarsh indicó que ahora corresponde al fiscal enviar la totalidad del material probatorio que sustenta la acusación de culpabilidad contra el empresario, material que la defensa deberá revisar exhaustivamente para determinar los siguientes pasos legales.
Sin embargo, a pesar de haber ingresado una declaración de inocencia, el profesional del derecho fue realista sobre las complicaciones del caso. Eiglarsh admitió que existe una probabilidad considerable de que el proceso culmine con un cambio de declaración a culpable. El abogado puntualizó que resulta sumamente difícil construir una defensa sólida frente al hecho documentado de que Zapeta-Castro fue deportado en tres ocasiones distintas y, aun así, regresó al territorio estadounidense.
Ante este escenario, la estrategia legal se orienta ahora hacia la búsqueda de un acuerdo negociado. El objetivo de la defensa es alcanzar una resolución que permita al empresario regresar con su familia en el menor tiempo posible.
La gravedad de la situación se refleja en las posibles consecuencias penales. Según se detalla en la nota de La Hora, Zapeta-Castro podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión y una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares estadounidenses. Esta posibilidad persiste a pesar de que el ciudadano guatemalteco había gestionado previamente una solicitud de asilo.
El punto crítico de la acusación reside en el historial de reingresos ilegales. El expediente judicial indica que Zapeta-Castro fue deportado en cuatro ocasiones diferentes: la primera el 15 de marzo de 2012, la segunda el 13 de febrero de 2013, la tercera el 13 de noviembre de 2013 y la última el 11 de julio de 2018.
La confirmación de su identidad y su historial migratorio se produjo el 3 de julio de 2024. En esa fecha, se le tomaron las huellas dactilares en el Centro de Apoyo a Solicitudes (ASC) del USCIS, situado en la dirección 1661-B South Congress Avenue, West Palm Beach, Florida. Según el documento de acusación, los resultados del escaneo dactilar confirmaron que las huellas pertenecen a un individuo que ya había sido expulsado anteriormente de los Estados Unidos, identificándolo plenamente como Jacob Zapeta-Castro.
