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Lima, Perú – El Poder Judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, el joven procesado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras arrollar y causar la muerte de la destacada deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera. La decisión, tomada por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo la dirección del juez Adolfo Fernando Farfán, responde a la solicitud fiscal basada en el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la investigación.
La audiencia, tensa y con gran cobertura mediática, se centró en la evaluación de los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa del acusado. El fiscal a cargo del caso expuso que Villar Chirinos carece de un arraigo laboral y domiciliario sólido, lo que incrementa la probabilidad de que intente evadir la acción de la justicia. Esta línea argumental fue clave para convencer al juez Farfán, quien finalmente se inclinó por la prisión preventiva.
Un punto crucial en la decisión del magistrado fue su rechazo a las alegaciones de la defensa en relación con la calificación del homicidio culposo. El juez Farfán enfatizó que la utilización de un vehículo y la posterior huida del acusado son elementos suficientes para configurar una pena elevada, independientemente de la acreditación de consumo de alcohol o drogas. Subrayó que Villar Chirinos huyó a gran velocidad, ignorando las señales de tránsito y pasando semáforos en rojo “con la finalidad de no ser ubicado”, lo que agrava su situación y refuerza el peligro de fuga.
Tras la decisión, Villar Chirinos fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que determinará el establecimiento penitenciario donde cumplirá la medida impuesta. La fiscal Yanet Roller Rodríguez, por su parte, alertó sobre la posible manipulación de pruebas, específicamente la eliminación de mensajes en el teléfono celular del acusado, lo que podría indicar un intento de encubrimiento.
La defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, argumentó que su cliente posee un fuerte arraigo familiar, domiciliario, académico y social. Destacó que Villar Chirinos reside con sus padres, es estudiante de la Universidad del Pacífico y no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para persuadir al juez, quien consideró que el riesgo de fuga prevalecía.
El fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, quien solicitó la prisión preventiva, estimó que la pena por los delitos imputados a Villar Chirinos podría ascender a seis años y ocho meses, superando el mínimo legal de cinco años. Esta estimación contribuyó a reforzar la necesidad de mantener al acusado bajo custodia preventiva.
El caso ha generado una gran conmoción en la opinión pública, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la destacada trayectoria de Lizeth Marzano. La deportista era una promesa del atletismo peruano y su trágica muerte ha generado un profundo dolor y una demanda de justicia.
En medio de la indignación popular, Gino Marzano, hermano de la víctima, denunció públicamente la existencia de posibles tráfico de influencias para beneficiar a Adrián Villar. En declaraciones al programa “Siempre a las Ocho” con Milagros Leiva, transmitido por el canal de YouTube de El Comercio, Marzano afirmó que se están realizando esfuerzos para reducir la pena del acusado y retrasar su captura. “Totalmente para que le den una pena menor y no lo capturen un plazo menor a 48 horas. Todas las personas han empezado a aparecer a partir de las imágenes”, sentenció.
La defensa de Villar ha cuestionado la validez de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, argumentando que no se han respetado los protocolos establecidos. La abogada denunció que no se están permitiendo diligencias clave debido a la falta de pago de la tasa para realizar la pericia al vehículo involucrado en el accidente. Además, señaló que el dosaje etílico fue practicado ocho horas después del incidente, lo que podría afectar su fiabilidad.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. La opinión pública exige que se haga justicia para Lizeth Marzano y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de su muerte. La prisión preventiva de Adrián Alonso Villar Chirinos es un paso importante en este proceso, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que se cumpla la justicia y que se eviten futuros incidentes similares. La atención mediática y la presión social seguirán siendo factores clave en el desarrollo de este caso, que ha conmocionado a todo el país.
