El transporte público en el Callao se encuentra en estado de alerta tras un nuevo ataque armado contra una combi de la empresa Acosta, ocurrido en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez. El incidente, que dejó como saldo tres heridos –el conductor y dos pasajeros, presuntamente familiares–, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los transportistas y la creciente ola de criminalidad que azota a Lima y el Callao.
El ataque se produjo cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal interceptaron la unidad y abrieron fuego contra el lado de la ventana del conductor, identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, de 19 años. A pesar de intentar continuar la marcha, el vehículo se detuvo a pocos metros del lugar del ataque, evidenciando la gravedad de la situación.
Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde reciben atención médica. Según fuentes policiales, los dos pasajeros heridos se encuentran fuera de peligro, mientras que el estado de salud del conductor es reservado. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el móvil del ataque y capturar a los responsables.
Este incidente se suma a una larga lista de agresiones contra el transporte público en la región, lo que ha generado un clima de temor e inseguridad entre los conductores y pasajeros. La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte, ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para proteger al sector.
Ante esta situación, ATSUPER convocó a una marcha para este jueves 5 de marzo, denominada "marcha hombre-máquina", con el objetivo de exigir acciones concretas al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno. La protesta busca visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para que implementen la Ley N.° 32490, que contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.
Frank Gómez Santillana, vocero de ATSUPER, explicó en entrevista con RPP que la ley aún no se ha implementado en su totalidad, lo que deja a los transportistas en una situación de vulnerabilidad. “Estamos cansados de lamentar pérdidas humanas y de ver cómo la delincuencia se burla de nosotros”, afirmó Gómez Santillana. “Exigimos que se cumpla la ley y que se tomen medidas urgentes para garantizar nuestra seguridad”.
La marcha partirá desde diferentes puntos de la ciudad y convergerá en el Cercado de Lima, frente al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno. Los transportistas planean bloquear el tráfico en las principales vías de acceso a la capital, lo que podría generar caos y complicaciones en la movilidad urbana.
La situación del transporte público en Lima y el Callao es crítica. Los conductores denuncian constantemente extorsiones, robos y ataques armados, lo que ha llevado a muchos a abandonar la actividad. La falta de seguridad también afecta la calidad del servicio, ya que los conductores se ven obligados a reducir la velocidad o a evitar ciertas zonas para proteger sus vidas.
Las autoridades han reconocido la gravedad del problema y han anunciado planes para reforzar la seguridad en las principales vías de transporte. Sin embargo, los transportistas consideran que estas medidas son insuficientes y exigen una respuesta más contundente y efectiva.
La implementación de la Ley N.° 32490 es una de las principales demandas de ATSUPER. La ley establece la creación de un fondo de protección para los transportistas, así como la implementación de medidas preventivas, como la instalación de cámaras de seguridad en las unidades y la capacitación de los conductores en técnicas de defensa personal.
Además, la ley contempla la creación de un registro nacional de transportistas, con el objetivo de identificar y sancionar a aquellos que estén involucrados en actividades ilícitas. La ley también establece la obligación de las empresas de transporte de contratar seguros de vida para sus conductores.
La marcha convocada por ATSUPER es una muestra de la desesperación y la frustración de los transportistas. Exigen que las autoridades escuchen sus demandas y tomen medidas urgentes para proteger sus vidas y garantizar la seguridad del transporte público. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata.
El ataque a la combi en el Callao ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas de transporte. Es fundamental que se establezcan protocolos de seguridad claros y efectivos, que permitan prevenir y responder a los ataques.
Además, es necesario fortalecer la investigación criminal y llevar a los responsables ante la justicia. La impunidad es uno de los principales factores que alimentan la delincuencia y la inseguridad.
La marcha de los transportistas podría tener un impacto significativo en la movilidad urbana de Lima y el Callao. Las autoridades deben estar preparadas para gestionar el tráfico y garantizar la seguridad de los manifestantes y de los ciudadanos en general.
La solución a la problemática del transporte público requiere un enfoque integral, que involucre a las autoridades, las empresas de transporte, los conductores y la sociedad civil. Es necesario trabajar juntos para crear un entorno seguro y confiable para todos los usuarios del transporte público.
