Chihuahua, Chihuahua – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha anunciado la extensión del perímetro de seguridad con vallas metálicas en el centro de la ciudad, en anticipación a la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La medida, que ya generó controversia el año pasado, ahora incluye edificios emblemáticos como los edificios Héroes de la Revolución y Héroes de la Reforma, así como la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sumándose a los ya protegidos Palacio de Gobierno, Casa Chihuahua, Congreso del Estado y Presidencia Municipal.
La decisión, comunicada a través del área de Comunicación Social de la SSPE, busca prevenir los daños que, según las autoridades, han sido ocasionados en años anteriores por participantes en la marcha. Si bien la SSPE descarta la adquisición de nuevas vallas, el despliegue de las ya existentes – adquiridas en 2024 por un costo aproximado de 40 millones de pesos – ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la libertad de expresión.
El año pasado, la instalación de estructuras de más de dos metros de altura alrededor de los edificios gubernamentales del centro histórico generó críticas por parte de organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos, quienes consideraron la medida como una forma de criminalización de la protesta social y una respuesta desproporcionada ante actos vandálicos aislados. Argumentaron que la presencia de las vallas no solo restringe el acceso a espacios públicos, sino que también crea un ambiente de confrontación y desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades.
La SSPE justifica la medida argumentando que la protección de la infraestructura pública es una prioridad, especialmente considerando los incidentes registrados en marchas anteriores. Según el reporte oficial, algunos participantes han incurrido en actos de vandalismo, dañando fachadas, ventanas y mobiliario urbano como una forma de manifestar su hartazgo ante la violencia de género y la falta de justicia para las mujeres.
Sin embargo, las organizaciones feministas sostienen que los actos vandálicos son cometidos por un pequeño grupo de personas y no representan la totalidad de las manifestantes. Señalan que la mayoría de las participantes en la marcha son mujeres que buscan alzar la voz de manera pacífica y exigir el cese de la violencia, la igualdad de género y el respeto a sus derechos.
La marcha del 8 de marzo está programada para las 4:00 de la tarde del domingo y se espera una gran afluencia de personas provenientes de diferentes municipios del estado. Las autoridades han desplegado un operativo de seguridad especial para garantizar el orden público y proteger tanto a las manifestantes como a los edificios gubernamentales.
El debate sobre la pertinencia de las vallas metálicas se suma a la discusión más amplia sobre las estrategias de seguridad utilizadas para controlar las protestas sociales. Algunos expertos en seguridad argumentan que las vallas son una herramienta legítima para proteger la propiedad pública y prevenir actos violentos. Otros, sin embargo, advierten que su uso excesivo puede generar tensiones y exacerbar los conflictos sociales.
La experiencia de otras ciudades que han utilizado vallas metálicas para controlar las protestas ha demostrado que su efectividad es limitada. En muchos casos, las vallas simplemente desvían las protestas hacia otras áreas de la ciudad o incitan a los manifestantes a buscar formas más creativas de expresar su descontento.
Además, el costo de adquisición y mantenimiento de las vallas metálicas es considerable, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de esta inversión en comparación con otras medidas de seguridad más efectivas y menos invasivas.
Organizaciones de la sociedad civil han propuesto alternativas para garantizar la seguridad durante la marcha del 8 de marzo, como el diálogo con las organizaciones feministas, el despliegue de mediadores para prevenir conflictos y la implementación de medidas de seguridad diferenciadas que respeten los derechos de las manifestantes.
La SSPE ha manifestado su disposición a dialogar con las organizaciones feministas, pero hasta el momento no ha anunciado cambios en su estrategia de seguridad. La instalación de las vallas metálicas sigue siendo el principal elemento del operativo de seguridad para el 8 de marzo, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos.
La situación en Chihuahua refleja una tendencia creciente a nivel nacional e internacional, donde las autoridades recurren cada vez más a medidas de seguridad restrictivas para controlar las protestas sociales. Esta tendencia ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes advierten que estas medidas pueden violar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.
El domingo, los ojos estarán puestos en Chihuahua para ver cómo se desarrolla la marcha del 8 de marzo y si la presencia de las vallas metálicas logra prevenir los actos vandálicos o, por el contrario, exacerba las tensiones y genera un clima de confrontación. La respuesta a esta pregunta podría tener implicaciones importantes para el futuro de las protestas sociales en el estado y en el país. La SSPE insiste en que su objetivo es garantizar la seguridad de todos y proteger la propiedad pública, mientras que las organizaciones feministas exigen que se respeten sus derechos y se escuchen sus demandas. El 8 de marzo se presenta como un punto de inflexión en la relación entre las autoridades y la sociedad civil en Chihuahua.
