El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso ante la Comisión Mixta de Presupuesto un preocupante panorama fiscal para 2025, revelando un déficit del 3,5%. La principal causa, según el secretario de Estado, es una menor recaudación tributaria proveniente de empresas no mineras, una situación que ha generado críticas y cuestionamientos desde la oposición. La presentación, que no aportó grandes novedades, fue percibida como una reiteración de problemas ya conocidos y una falta de soluciones concretas.
Grau, quien asumió el cargo tras la salida de Mario Marcel, inició su exposición agradeciendo la buena relación con los parlamentarios, un gesto que algunos interpretaron como una señal de su inminente partida. Sin embargo, la falta de sorpresas en su presentación dejó en evidencia la dificultad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales, un problema que ya se había manifestado en años anteriores.
La sobreestimación de los ingresos tributarios, especialmente de las empresas no mineras, ha sido el principal detonante de esta situación. Esta desviación ha generado temor por un posible desfinanciamiento del presupuesto, obligando a una reducción significativa del gasto público y a la búsqueda de fórmulas para equilibrar las cuentas.
Javiera Martínez, la Directora de Presupuestos, defendió la gestión del gobierno, rechazando la idea de que Chile se encuentre en una crisis fiscal. “No minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas y resultados del 2024-2025, pero Chile no está en una crisis fiscal, sí en un punto de inflexión post pandemia”, aseguró la funcionaria.
El ministro Grau, por su parte, evitó utilizar la palabra “deterioro” para describir la situación financiera, argumentando que su significado depende del punto de comparación. Sin embargo, reconoció que las finanzas del país se encuentran estresadas desde antes de que asumiera su gobierno, responsabilizando a la administración anterior por las presiones financieras existentes.
Grau defendió la expansión de la agenda social implementada por su gobierno, argumentando que se ha logrado abordar más derechos sociales sin aumentar el porcentaje del PIB destinado al gasto público. “El nivel del 2025 es básicamente el nivel del 2016, donde aún no se implementaba la gratuidad, no existía la PGU. Hemos ido abordando más derechos sociales y lo hemos ido acomodando en el presupuesto, sin gastar un porcentaje más amplio del PIB”, afirmó el ministro.
La oposición, sin embargo, criticó la falta de planificación y la irresponsabilidad fiscal del gobierno. Argumentaron que el presupuesto actual compromete gastos tanto de años anteriores como del presente, sin asegurar los recursos necesarios para financiarlos.
Mientras el gobierno destaca el hecho de que la deuda pública como porcentaje del PIB no ha aumentado durante su administración, algo que no ocurría desde hace 18 años, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, cuestionó el ahorro en intereses a costa del déficit fiscal. “Cómo compatibilizar (…) el hecho de la deuda con lo que ha sido la pérdida del FES”, dijo el parlamentario, refiriéndose a la disminución de las reservas soberanas de Chile, que han pasado de US$8 mil millones a US$3 mil millones.
Aunque la reducción de las reservas ha generado un ahorro de US$1 mil millones en intereses, equivalente a dos tercios del presupuesto del Ministerio del Desarrollo Social, Coloma consideró que esta medida es “burlesca” si se tiene en cuenta el déficit fiscal.
El senador socialista, José Miguel Insulza, defendió al ministro Grau, calificando de injusto el trato que ha recibido y agradeciendo su “franqueza”.
La situación fiscal de Chile se presenta como un desafío complejo para el gobierno, que deberá encontrar soluciones para equilibrar las cuentas públicas sin afectar los programas sociales y los compromisos adquiridos. La falta de ingresos tributarios, la presión del gasto público y la incertidumbre económica global son factores que complican aún más el panorama.
La discusión presupuestaria continuará en el Congreso, donde la oposición buscará presionar al gobierno para que presente medidas más concretas y responsables para enfrentar la crisis fiscal. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, temiendo que la situación económica pueda afectar su calidad de vida.
El debate sobre el déficit fiscal ha reabierto la discusión sobre la necesidad de una reforma tributaria que permita aumentar los ingresos del Estado y financiar los programas sociales. Sin embargo, la oposición se ha mostrado reacia a apoyar una reforma que aumente los impuestos, argumentando que esto podría afectar la inversión y el crecimiento económico.
La incertidumbre sobre el futuro económico de Chile es palpable. La falta de soluciones claras y la polarización política dificultan la búsqueda de un consenso que permita superar la crisis fiscal y garantizar un futuro próspero para el país. La próxima administración deberá enfrentar este desafío con responsabilidad y visión de largo plazo, buscando soluciones que permitan equilibrar las cuentas públicas sin sacrificar los derechos sociales y el bienestar de la población.
La transparencia en la gestión de las finanzas públicas y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar un futuro económico sostenible para Chile. El gobierno deberá demostrar su compromiso con la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el gasto público, buscando soluciones innovadoras y consensuadas que permitan superar la crisis y construir un país más justo y próspero.
