Caracas – La justicia venezolana ha otorgado la libertad plena a 6.071 personas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, según anunció este martes Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Parlamentaria encargada de su aplicación. La cifra, revelada en una rueda de prensa en el Legislativo, representa un avance significativo en el proceso de liberación de presos políticos, aunque la transparencia y el alcance real de la medida están siendo cuestionados por organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos.
Arreaza detalló que el sistema judicial ha recibido un total de 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales 6.071 han sido aprobadas. De estos beneficiados, 245 se encontraban privados de libertad, mientras que 5.826 estaban sujetos a medidas cautelares. El diputado chavista enfatizó que la mayoría de los amnistiados están relacionados con los disturbios postelectorales de 2024, desencadenados tras la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro, un resultado ampliamente rechazado por la oposición y la comunidad internacional, que denunció fraude.
“Ha habido mucha celeridad en el proceso”, afirmó Arreaza, instando a los tribunales a agilizar la resolución de las solicitudes pendientes, recordando que el plazo para la toma de decisiones es de 15 días a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, anticipó una “depuración” de la lista de solicitudes para eliminar duplicados.
Aunque Arreaza aseguró que aún no se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos en el exterior, reconoció que varios ciudadanos han expresado su interés en iniciar el trámite a través de diputados, tanto oficialistas como opositores. El diputado chavista insistió en que la Ley de Amnistía debe ser vista como un “primer paso”, advirtiendo que no garantizará por sí sola la paz en Venezuela.
La aprobación unánime de la Ley de Amnistía por parte del Parlamento, controlado por el chavismo, representó un hito histórico, abarcando los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026. Sin embargo, la ley establece una aplicación específica a 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período establecido y los casos relacionados con operaciones militares.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, se creó una comisión especial, que también revisará casos “no contemplados” en la ley. Esta función será compartida con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos a principios de año.
Mientras el gobierno celebra los avances en la aplicación de la amnistía, la ONG Foro Penal, líder en la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad real de liberados. La organización cifró en 568 el número total de detenidos por motivos políticos en el país, una cifra significativamente menor que la anunciada por Arreaza. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la definición de “preso político” y la transparencia en el proceso de liberación.
Sin embargo, las denuncias más preocupantes provienen de los familiares de los presos políticos, quienes han denunciado la exigencia de pagos en dólares por parte de algunos tribunales para entregar la notificación de libertad plena. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció que los Tribunales Primero, Segundo y Tercero, con competencia en casos relacionados con delitos de terrorismo, están solicitando a las familias resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en efectivo en dólares como condición para la entrega del documento que otorga la libertad.
“Los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo a nuestras familiares resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena”, denunció el comité en una nota de prensa.
Las familias, muchas de las cuales carecen de recursos económicos, se ven obligadas a cubrir estos “cobros ilegales”, a pesar de los grandes esfuerzos que ya realizaron para costear los traslados a las cárceles donde se encontraban sus parientes, la mayoría ubicadas lejos de sus estados de residencia.
“La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía”, enfatizó el Comité de Madres, recordando que la entrega de la copia de la decisión de amnistía debe ser gratuita, ya que es indispensable para eliminar los antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados.
Ante esta situación, el comité instó a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano a investigar las denuncias y exigir a las autoridades judiciales que cumplan con su obligación sin solicitar “pagos arbitrarios”.
A pesar de las denuncias de corrupción, los familiares también reconocieron que el proceso de amnistía se ha llevado a cabo con “mucha celeridad”, y que en algunos tribunales se han encontrado con la “grata noticia” de que la solicitud de amnistía ya había sido presentada por las autoridades, incluyendo la Fiscalía y los defensores públicos.
La Ley de Amnistía, aunque representa un paso adelante en la búsqueda de una solución política a la crisis venezolana, está lejos de ser una panacea. Las denuncias de corrupción, la falta de transparencia y la exclusión de ciertos casos plantean serias dudas sobre su efectividad y su capacidad para generar una reconciliación duradera en el país. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este proceso, esperando que se cumplan las garantías procesales y que se libere a todos los presos políticos de manera justa y transparente. El futuro de la democracia venezolana podría depender, en gran medida, de la forma en que se implemente esta controvertida ley.
