La Guardia Civil ha detenido a seis personas, incluyendo al empresario Fernando Samper, propietario de Forestalia, y al ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, en una operación que investiga posibles irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares de la empresa Forestalia. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona ha desplegado un amplio operativo con registros simultáneos en las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como en una decena de domicilios de directivos de la compañía.
La investigación, que se mantiene abierta y con posibles ramificaciones, se centra en la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental, documentos cruciales para la aprobación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. El Seprona investiga si Eugenio Domínguez, durante su etapa en el Ministerio, pudo haber favorecido a Forestalia a cambio de sobornos, facilitando la obtención de permisos y licencias en la provincia de Teruel.
Según fuentes cercanas a la investigación, Fernando Samper, de 62 años, es un empresario con intereses diversificados que abarcan desde las energías renovables hasta el sector porcino y los centros de datos. La detención de Samper y Domínguez representa un golpe significativo para Forestalia, una empresa que ha estado expandiéndose rápidamente en el sector de las energías renovables en los últimos años.
El operativo policial ha revelado hallazgos preocupantes en las zonas donde se ubican los parques energéticos investigados, incluyendo aves electrocutadas y otros indicios que cuestionan la viabilidad ambiental de las licencias concedidas. Estos hallazgos refuerzan las sospechas de que la tramitación de los permisos pudo haber sido irregular, priorizando los intereses económicos de la empresa sobre la protección del medio ambiente.
La investigación no se limita a la posible manipulación de las declaraciones de impacto ambiental y el cohecho. También se investigan posibles delitos de prevaricación ambiental y blanqueo de capitales, lo que sugiere que la trama podría ser mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Los investigadores están tratando de determinar si se han utilizado fondos públicos o privados de manera ilícita para financiar los proyectos de Forestalia o para ocultar las ganancias obtenidas de manera irregular.
La operación en curso involucra a una veintena de empresas del sector de las energías renovables, incluyendo aquellas integradas en el clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran envergadura que ha sido objeto de denuncias ante la Fiscalía de Aragón. Las críticas a la labor del Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (INAGA) en la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental han sido constantes por parte de grupos políticos e instituciones locales, quienes denuncian la falta de transparencia y rigor en los procesos de evaluación.
Esta no es la primera vez que Forestalia se encuentra en el punto de mira de las autoridades. En diciembre de 2025, la UCO entró en la sede de la empresa en Zaragoza para investigar su posible vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez. Esta investigación, aunque separada de la actual, sugiere que Forestalia ha estado involucrada en actividades que podrían haber comprometido la integridad del sistema político y administrativo.
Además, la Guardia Civil también tenía bajo sospecha a Forestalia por la concesión de una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, una empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía. La investigación sobre esta subvención busca determinar si se cumplieron todos los requisitos legales y si los fondos públicos se utilizaron de manera adecuada.
La detención de Fernando Samper y Eugenio Domínguez ha generado una gran conmoción en el sector de las energías renovables, que se enfrenta a un momento crucial en su desarrollo. La operación policial pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la tramitación de los permisos y licencias, así como la importancia de garantizar la protección del medio ambiente en la implementación de los proyectos de energías renovables.
Las fuentes consultadas por EFE han insistido en que la operación permanece abierta y que se esperan nuevas detenciones en los próximos días. Los investigadores están analizando una gran cantidad de documentación y testimonios para esclarecer todos los detalles de la trama y determinar el alcance de las responsabilidades. La investigación podría tener importantes implicaciones para el futuro del sector de las energías renovables en Aragón y en toda España, y podría llevar a una revisión de los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos.
La operación del Seprona se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental de los parques eólicos y fotovoltaicos. Diversas organizaciones ecologistas han denunciado la destrucción de hábitats naturales, la muerte de aves y la alteración de los paisajes como consecuencia de la construcción de estos proyectos. La investigación sobre Forestalia podría servir para establecer un precedente y para exigir una mayor protección del medio ambiente en el desarrollo de las energías renovables.
El caso Forestalia plantea serias interrogantes sobre la ética y la integridad en el sector de las energías renovables. La sospecha de que se hayan manipulado las declaraciones de impacto ambiental y de que se hayan pagado sobornos para obtener permisos y licencias socava la confianza de la ciudadanía en la transición energética y en la capacidad de las empresas para actuar de manera responsable y sostenible. La investigación deberá esclarecer todos los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes para garantizar que el sector de las energías renovables se desarrolle de manera transparente y respetuosa con el medio ambiente.
