El ambicioso proyecto de Sala Cuna Universal, piedra angular del gobierno del Presidente Gabriel Boric, se encuentra al borde del colapso, con apenas nueve días restantes para su aprobación definitiva. Desde el remoto archipiélago de Juan Fernández, el mandatario lanzó un ferviente llamado a la oposición, instándolos a trascender las disputas políticas y priorizar el bienestar de las familias chilenas. “Esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile. Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante”, declaró el Presidente Boric, subrayando la urgencia y la importancia de la iniciativa.
El proyecto de ley busca revolucionar el acceso a servicios de cuidado infantil en Chile, eliminando una barrera histórica que ha limitado el acceso a las salas cuna para muchos padres trabajadores. Actualmente, la normativa exige que las empresas tengan al menos 20 mujeres empleadas para poder acceder a beneficios de sala cuna para sus hijos menores de dos años. Esta disposición, según la ministra de la Mujer (s), Claudia Donaire, genera distorsiones en el mercado laboral, afectando las decisiones de contratación y, en algunos casos, impactando negativamente en los ingresos de las mujeres.
“La normativa actual afecta las decisiones de contratación de mujeres, porque los empleadores contratan hasta cierto número -para evitar llegar a las 20 mujeres contratadas- o bien impacta directamente en sus rentas, ya que el empleador debe asumir el costo de pagar sala cuna”, explicó la ministra Donaire. El proyecto de ley, en cambio, propone un sistema universal, donde todos los padres trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa o su tipo de contrato, tengan derecho a acceder a una sala cuna a través de un fondo solidario. Esto incluye a trabajadores independientes, empleadas de casa particular y personas con cuidado judicial de menores de dos años, ampliando significativamente la cobertura del beneficio.
La propuesta representa un avance significativo en la promoción de la corresponsabilidad parental, reconociendo el derecho a sala cuna como un derecho de todos los trabajadores, sin distinción de género. “El proyecto lo que hace es modificar esa normativa, reconociendo el derecho a sala cuna a toda persona trabajadora, con independencia del sexo. Por ende, avanza en una política pública de corresponsabilidad o de promoción de la corresponsabilidad parental. Además, no distingue entre tipos de contratación, si la persona está contratada a plazo fijo, indefinido”, detalló la ministra Donaire.
Para financiar este ambicioso proyecto, el gobierno propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, la cual será administrada por el Fondo de Sala Cuna. En el caso de los trabajadores independientes, se establecerán regulaciones específicas para las cotizaciones, basadas en la fórmula actual de cotización. Además, se creará una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, encargada de generar informes periódicos para garantizar la viabilidad económica del fondo y optimizar el aporte que se entregará a los empleadores. Esta comisión considerará los valores de mercado y las diferencias geográficas en el costo de las salas cuna, asegurando una distribución equitativa de los recursos.
Un aspecto crucial del proyecto es la exigencia de que las salas cuna que ofrezcan el servicio estén certificadas por la Superintendencia de Educación. Esta medida busca garantizar la calidad de la educación inicial y el bienestar de los niños y niñas que asisten a estos establecimientos. “Esto es muy positivo porque, por primera vez en Chile se logra conciliar el legítimo derecho de las personas a trabajar con las necesidades de niños y niñas de contar con una educación inicial que favorezca y promueva su desarrollo integral”, afirmó la ministra Donaire.
La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, respaldó esta visión, destacando que la agenda Sala Cuna para Chile se ha construido sobre los pilares de la Ley de Garantías de la Infancia, priorizando el acceso a establecimientos que garanticen una educación de calidad. “De esta manera, pone su foco en el componente educativo, relevando que niñas y niños accedan a salas cuna certificadas, desde una perspectiva integral, que asegure el resguardo de los componentes técnico-pedagógicos, jurídicos y de infraestructura esenciales para acceder a experiencias educativas significativas y pertinentes para esta etapa esencial del desarrollo”, explicó Lagos.
La oposición, sin embargo, ha manifestado reservas sobre el costo del proyecto y su impacto en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Algunos parlamentarios han propuesto modificaciones al proyecto, como la reducción de la cotización obligatoria o la implementación de un sistema de subsidios focalizados. El gobierno, por su parte, ha mostrado disposición a dialogar, pero insiste en la necesidad de mantener el carácter universal del beneficio.
La aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal representa un desafío crucial para el gobierno de Gabriel Boric. Si logra superar las trabas de la oposición y convertir esta iniciativa en ley, dejará un legado duradero en materia de igualdad de género, protección de la infancia y promoción del desarrollo económico con inclusión social. De lo contrario, se arriesga a ver frustrado uno de sus principales compromisos de campaña y a perpetuar las desigualdades que aún persisten en el acceso a servicios de cuidado infantil en Chile. Los próximos nueve días serán decisivos para determinar el futuro de este proyecto y el impacto que tendrá en la vida de miles de familias chilenas. La presión es alta y el tiempo apremia.
