El Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2025 ha cerrado con resultados mixtos, revelando un recaudo de ingresos de $482,5 billones, lo que representa el 94,5% del aforo anual. Si bien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destaca la ejecución presupuestal como alineada con la evolución económica y las normativas vigentes, un análisis más profundo revela tanto logros significativos como áreas de preocupación, especialmente en lo que respecta a la ejecución de la inversión y el impacto de la falta de una reforma tributaria aprobada.
El PGN original, aprobado por $523 billones, sufrió modificaciones a lo largo del año, reduciéndose a $510,5 billones, equivalente al 28,1% del Producto Interno Bruto. El gasto comprometido alcanzó los $49,616 billones, un sólido 97,3% de las apropiaciones definitivas. Sin embargo, las obligaciones y pagos totales se situaron en 87,8% y 87,7% respectivamente, indicando que, aunque los compromisos fueron altos, la materialización efectiva del gasto fue menor. Este desfase entre compromiso y pago es un punto crucial a analizar, ya que podría señalar retrasos en la ejecución de proyectos o dificultades administrativas.
Los ingresos corrientes fueron fundamentales para la sostenibilidad fiscal, con un recaudo neto de $451,7 billones, representando el 93,3% del aforo anual de $484,2 billones. Dentro de este rubro, el IVA interno aportó $71,2 billones y los impuestos directos alcanzaron los $129,7 billones, demostrando la importancia de estos impuestos en la financiación del Estado. El recaudo de recursos de capital fue aún más eficiente, alcanzando los $155,1 billones con una ejecución del 99,1% del aforo anual. Los ingresos propios de los establecimientos públicos superaron las expectativas, llegando a $30,8 billones, un 117,2% de lo proyectado.
El Ministerio de Hacienda atribuye el comportamiento del recaudo a la dinámica macroeconómica y a la aplicación de las normas tributarias vigentes. No obstante, la falta de aprobación de la ley de financiamiento o reforma tributaria para 2025, que contemplaba $12 billones adicionales, tuvo un impacto significativo en el presupuesto, obligando al aplazamiento y recorte de asignaciones en varios sectores.
En cuanto al gasto, los compromisos alcanzaron el 97,3% de las apropiaciones vigentes, mientras que las obligaciones y pagos se situaron en 87,8% y 87,7% respectivamente. El gasto sin incluir la deuda mostró un nivel de obligaciones del 86,5%, 4,6 puntos porcentuales más alto que en 2024. Este aumento sugiere un mayor compromiso del gobierno con el gasto público, aunque la materialización efectiva aún presenta desafíos.
Un aspecto positivo del informe es la reducción del rezago presupuestal, que disminuyó en un 20,6% respecto a 2024, pasando de $61,7 billones (3,2% del PIB) a $49 billones (2,7% del PIB). Esta reducción indica una mayor eficiencia en la gestión del gasto y una mejor capacidad del gobierno para ejecutar los recursos asignados.
La apropiación definitiva para funcionamiento ascendió a $319,8 billones, con compromisos por $315,5 billones (98,7%), obligaciones por $293,8 billones (91,9%) y pagos por $293,4 billones (91,8%). Las transferencias, el principal componente del funcionamiento, alcanzaron una ejecución del 92,1%. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda destaca la inflexibilidad del gasto en estas partidas, que incluyen el Sistema General de Participaciones (SGP) para inversión territorial, pensiones, atención en salud y educación superior.
El servicio de la deuda pública dispuso de $112,6 billones, con compromisos, obligaciones y pagos que alcanzaron el 93,3%, 92,8% y 92,8% respectivamente. La deuda interna se ejecutó en un 97,2% en compromisos y 96,2% en pagos, mientras que la deuda externa alcanzó un nivel de ejecución del 89% de lo autorizado.
En el capítulo de inversión, la apropiación definitiva fue de $78,1 billones, con compromisos por $76,1 billones (97,4%) y obligaciones por $49,9 billones (64,2%). Este último dato es preocupante, ya que indica que una parte significativa de los recursos destinados a la inversión no se materializó en proyectos concretos. No obstante, la ejecución de la inversión mejoró en un 7,2% respecto a la vigencia anterior, lo que sugiere una mejora en la capacidad de gestión de la inversión pública.
Los sectores con los índices de ejecución más elevados en provisión de bienes y servicios fueron aquellos que demostraron mayor eficiencia en el uso de los recursos. Por otro lado, los sectores más afectados por la falta de aprobación de la reforma tributaria fueron aquellos que dependían de los $12 billones adicionales que se esperaban recaudar.
Los recursos no ejecutados al cierre del año fiscal permanecen en las cuentas del Tesoro Nacional y pueden destinarse al pago de deuda pública, cubrir el déficit o incorporarse al presupuesto del año siguiente si el Congreso lo autoriza. Los fondos comprometidos pero no pagados se convierten en reservas presupuestales y pueden utilizarse en el primer trimestre del año siguiente.
El Ministerio de Hacienda advierte que la baja ejecución puede afectar la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de metas de inversión y desarrollo. Además, un alto saldo de recursos no ejecutados puede influir en la percepción de eficiencia del Gobierno y en la planeación de los presupuestos de años posteriores.
En conclusión, el PGN de 2025 presenta un panorama complejo. Si bien el recaudo de ingresos fue sólido y la ejecución presupuestal general se mantuvo en línea con las expectativas, la falta de una reforma tributaria aprobada y la baja ejecución de la inversión son factores que podrían limitar el crecimiento económico y el desarrollo del país. La gestión eficiente de los recursos no ejecutados y la priorización de la inversión en proyectos estratégicos serán cruciales para garantizar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las metas de desarrollo a largo plazo. El gobierno deberá abordar estos desafíos con prontitud para evitar que la falta de ejecución presupuestal se convierta en un obstáculo para el progreso de Colombia.
