QUITO – La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, ha alzado una fuerte voz de protesta contra el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, presentado recientemente por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia. La organización indígena califica la propuesta como una amenaza directa a los derechos colectivos, la protección de la naturaleza y la soberanía nacional, advirtiendo que simplifica peligrosamente los procesos administrativos para favorecer la inversión extranjera en el sector extractivo a costa de la sostenibilidad y la justicia social.
En un comunicado público contundente, Ecuarunari argumenta que la ley, lejos de solucionar los problemas estructurales que aquejan al sector minero ecuatoriano, los agrava al debilitar los controles ambientales y abrir la puerta a prácticas extractivas más riesgosas y menos reguladas. La organización denuncia que la propuesta legislativa “reduce o desconoce los derechos de la naturaleza y derechos colectivos”, al introducir modificaciones que comprometen la capacidad del Estado para supervisar y controlar las actividades mineras en el país.
Uno de los puntos más críticos señalados por Ecuarunari es la posible habilitación de subsidios indirectos a empresas mineras, a través del uso de infraestructura pública y la asignación de recursos de las Fuerzas Armadas para su protección. Esta medida, según la organización, trasladaría una carga financiera y de riesgo desproporcionada al Estado, sin garantizar beneficios económicos equivalentes para la nación.
La propuesta de reemplazar la Licencia Ambiental, un proceso de evaluación riguroso y preventivo, por autorizaciones administrativas más simples, ha generado particular alarma entre los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas. Ecuarunari advierte que esta simplificación disminuiría significativamente los controles preventivos, especialmente en territorios sensibles como las zonas de recarga hídrica, poniendo en peligro el acceso al agua y la salud de las poblaciones locales.
Además, la organización cuestiona la falta de mecanismos efectivos para garantizar una mayor recaudación estatal por regalías e impuestos, al tiempo que el Estado asume mayores riesgos ambientales y fiscales. Ecuarunari sostiene que la ley favorecería desproporcionadamente a las grandes empresas mineras transnacionales, en detrimento de los intereses nacionales y los derechos de las comunas, pueblos y nacionalidades.
Un aspecto central del rechazo de Ecuarunari es la “anulación efectiva del derecho a la consulta previa”, un mecanismo constitucionalmente reconocido que permite a las comunidades, pueblos y nacionalidades ser consultados sobre proyectos que puedan afectar sus territorios y formas de vida. La organización denuncia que la propuesta legislativa desestima este derecho fundamental, vulnerando los principios de participación y consentimiento libre, previo e informado.
Ecuarunari también advierte sobre las posibles consecuencias negativas para la minería artesanal, que podría verse desestimulada por la nueva normativa, empujando a los pequeños mineros hacia la informalidad y exponiéndolos a redes de minería ilegal. La organización considera que esta situación podría generar conflictos sociales y ambientales, además de socavar los esfuerzos por promover una minería responsable y sostenible.
El rechazo de Ecuarunari se suma a otras voces críticas dentro del movimiento indígena ecuatoriano, que ven en la propuesta de ley un intento de flexibilizar las regulaciones ambientales y laborales para atraer inversión extranjera a costa de los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente. La organización exige el archivo inmediato del proyecto, calificándolo de inconstitucional y contrario a los intereses nacionales.
Este nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Daniel Noboa y el movimiento indígena ecuatoriano se produce en un contexto de creciente tensión social y económica, marcado por la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, pero también por la preocupación por la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. La situación plantea un desafío importante para el gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre las demandas de los inversores extranjeros y las expectativas de la sociedad civil.
La postura de Ecuarunari también refleja un distanciamiento creciente entre el líder indígena y el correísmo, evidenciado en recientes declaraciones y acciones. La organización ha criticado la falta de compromiso del gobierno anterior con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, y ha advertido sobre los riesgos de repetir los errores del pasado.
El debate sobre la ley minera se espera que sea intenso y polarizado en la Asamblea Nacional, donde los partidos de oposición y los representantes de las organizaciones indígenas ya han anunciado su intención de presentar enmiendas y oponerse a su aprobación. La decisión final sobre el futuro de la ley tendrá importantes implicaciones para el sector minero ecuatoriano y para las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas. La sociedad ecuatoriana observa con atención el desarrollo de este debate, consciente de que el futuro del país y la protección de sus recursos naturales están en juego.
