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El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha aprobado una polémica reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que establece límites estrictos al gasto de prefecturas y municipios, desatando una ola de protestas y amenazas de acciones legales. La reforma, aprobada el viernes pasado en una sesión especial en la universidad Ecotec en Samborondón, Guayas, con los votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y legisladores independientes, exige que al menos el 70% del presupuesto anual de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, limitando drásticamente el gasto corriente.
La medida, calificada por el gobierno como necesaria para la sostenibilidad y eficiencia del gasto público, ha sido recibida con indignación por autoridades locales y organizaciones sociales, quienes la consideran un ataque a la autonomía y una amenaza a los servicios públicos esenciales. La reforma establece que los GAD participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado, pero condiciona esta asignación al cumplimiento de la regla de asignación mínima del 70% en inversión.
El objetivo declarado del gobierno es eliminar “gastos discrecionales”, como eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento, que considera no contribuyen a la dinamización de la economía. Según datos del Servicio de Contratación Pública (Sercop), en 2023 los GAD destinaron aproximadamente $43,7 millones a este tipo de eventos, mientras que en 2024 representaron, en promedio, más del 10% del presupuesto ejecutado.
Sin embargo, los críticos argumentan que esta interpretación es demasiado restrictiva y que los gastos culturales y sociales son fundamentales para el bienestar de la población y el desarrollo local. La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha anunciado que presentará una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) una vez que la ley se publique en el Registro Oficial, y ha convocado a una movilización para el próximo 13 de marzo en Quito. La UNE advierte que la reforma afectará el presupuesto destinado a la educación municipal, amenazando con despidos de personal, reducción de servicios sociales y el cierre de planteles educativos.
La oposición no se limita a la UNE. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, han anunciado que también recurrirán a la CC para impugnar la ley. Vercoutere, junto con otros viceprefectos de Cañar, Pastaza, Cotopaxi, Los Ríos, Azuay, Sucumbíos, Manabí y Carchi, ya habían presentado un escrito a la Asamblea Nacional solicitando el archivo del proyecto, pero su petición fue ignorada.
La reacción de los alcaldes tampoco se ha hecho esperar. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, calificó a los legisladores de “centralistas” y “Judas” en un mensaje en redes sociales, acusándolos de votar en contra de la autonomía municipal y de los proyectos sociales. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también se pronunció en redes sociales, lamentando la “violación” de la tradición municipalista en Ecuador y anunciando que defenderá la autonomía de la capital y los servicios sociales para las familias más necesitadas.
El movimiento político Pachakutik (PK) ha anunciado que también recurrirá a la CC para defender la autonomía y el marco constitucional. La reforma ha generado una profunda crisis política y social en Ecuador, con el riesgo de agudizar las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos locales.
El Ministerio de Economía y Finanzas será responsable de realizar seguimientos trimestrales para verificar el cumplimiento de la regla mínima, aplicando tres criterios específicos. La aplicación de esta ley se presenta como un desafío para los gobiernos locales, que deberán ajustar sus presupuestos y priorizar la inversión en infraestructura y mantenimiento, reduciendo significativamente el espacio para otros gastos.
La controversia se centra en la definición de “gastos discrecionales” y en el impacto que la reforma tendrá en la calidad de los servicios públicos y en el desarrollo social y cultural de las comunidades. Los defensores de la autonomía local argumentan que la reforma limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades específicas de sus ciudadanos y para implementar políticas públicas adaptadas a sus realidades.
La situación se complica aún más por el contexto económico y social de Ecuador, que enfrenta una crisis fiscal y un aumento de la pobreza y la desigualdad. La reforma podría agravar estos problemas, al reducir la capacidad de los gobiernos locales para financiar programas sociales y proyectos de desarrollo.
El gobierno, por su parte, insiste en que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y para evitar el despilfarro de recursos públicos. Argumenta que la inversión en infraestructura y mantenimiento es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para impulsar el crecimiento económico.
La batalla legal y política apenas comienza. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma, y su decisión podría tener consecuencias profundas para el futuro de la autonomía local en Ecuador. Mientras tanto, la tensión entre el gobierno central y los gobiernos locales sigue aumentando, y el riesgo de conflictos sociales se hace cada vez más evidente. La sociedad ecuatoriana observa con preocupación el desarrollo de esta crisis, que podría marcar un punto de inflexión en la historia del país.
