La aprobación de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ha encendido una fuerte controversia política y legal en Ecuador. La normativa, impulsada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, fue aprobada este viernes 20 de febrero de 2026 en la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, y busca reorientar el gasto público hacia la inversión en obras y el mantenimiento de servicios, limitando significativamente los recursos destinados al gasto corriente de los GAD.
La ley establece que el 70% del presupuesto de los GAD deberá ser asignado obligatoriamente a gasto no permanente, abarcando inversión y mantenimiento de infraestructura. El 30% restante se destinará al gasto corriente, específicamente al pago de sueldos y remuneraciones de los funcionarios públicos que trabajan en los gobiernos locales. El objetivo declarado por el oficialismo es evitar el despilfarro y concentrar los recursos en cerrar las brechas existentes en el acceso a servicios básicos para la población.
Sin embargo, la aprobación de esta ley no ha estado exenta de críticas y oposición. La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) argumentando que la normativa fue aprobada sin una adecuada socialización, sin la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y sin considerar sus necesidades específicas. En un comunicado oficial, el correísmo denunció una falta de diálogo y transparencia en el proceso legislativo, calificando la ley como un atentado contra la autonomía territorial y el modelo de Estado descentralizado que, según ellos, fue defendido por la ciudadanía en las urnas.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, figura prominente de la Revolución Ciudadana, también ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la CC. A través de su cuenta en la red social X, Pabón expresó su preocupación por el impacto negativo que la ley podría tener en la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de sus ciudadanos. “Quienes pierden hoy no son los prefectos o los alcaldes; pierde el país”, escribió la prefecta, anticipando una batalla legal en la Corte Constitucional.
La coordinadora de la bancada oficialista ADN, Valentina Centeno, ha respondido a las críticas y ha anticipado que defenderán la ley ante la Corte Constitucional. Centeno acusó a la oposición de recurrir a tácticas dilatorias y de presentar demandas de inconstitucionalidad cada vez que el gobierno del presidente presenta proyectos de ley económicos urgentes. La legisladora oficialista insistió en que la ley busca poner fin al despilfarro y a los gastos innecesarios en fiestas, entretenimiento y excesos en los sueldos de los funcionarios públicos, priorizando la inversión en proyectos que beneficien directamente a la población. “Ahora los ojos están en la Corte Constitucional y nosotros haremos nuestro trabajo ahí también para defender lo que consideramos justo: no más despilfarro, no más gastos innecesarios en fiestas, entretenimiento o excesos en funcionarios, sino invertir en lo que realmente necesita el pueblo”, declaró Centeno tras la aprobación de la ley.
La controversia en torno a esta ley se centra en el debate sobre el equilibrio entre la autonomía de los gobiernos locales y la necesidad de controlar el gasto público. Los críticos argumentan que la limitación del gasto corriente podría afectar la capacidad de los GAD para contratar personal calificado, mantener los servicios básicos y ejecutar proyectos de desarrollo local. Por otro lado, los defensores de la ley sostienen que la medida es necesaria para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, priorizando la inversión en obras y servicios que beneficien a la mayoría de la población.
La Corte Constitucional ahora se perfila como el escenario clave para resolver esta disputa. La decisión que tome la CC tendrá un impacto significativo en la gestión de los recursos públicos a nivel local y en la relación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. La presentación de las demandas de inconstitucionalidad por parte de la Revolución Ciudadana y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, marca el inicio de un proceso legal que podría prolongarse durante varios meses y que generará un intenso debate público sobre el futuro de la descentralización en Ecuador.
El análisis de expertos en derecho administrativo y finanzas públicas sugiere que la constitucionalidad de la ley dependerá de la interpretación que haga la Corte Constitucional sobre el alcance de la autonomía territorial y el principio de libre administración de los GAD. Si la CC considera que la ley limita excesivamente la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus propios recursos, podría declarar la normativa inconstitucional. Sin embargo, si la CC considera que la ley es una medida razonable y proporcionada para garantizar la sostenibilidad del gasto público, podría ratificar su validez.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales en Ecuador. La aprobación de esta ley y la inminente batalla legal en la Corte Constitucional reflejan una creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, y podrían profundizar la polarización política en el país. El resultado de este conflicto legal tendrá implicaciones importantes para la gestión de los recursos públicos, la autonomía territorial y el modelo de Estado descentralizado en Ecuador.
