La Asamblea Nacional aprobó este viernes 20 de febrero, con el mínimo de votos necesarios (77 a favor), la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una iniciativa enviada con carácter de económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La sesión legislativa, inusual, se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Ecotec, ubicada en la provincia de Guayas, marcando un intento de acercamiento del gobierno a la academia y a la ciudadanía fuera de la capital. La aprobación de esta ley representa un punto crucial en la agenda de reformas del gobierno de Noboa, enfocada en la optimización del gasto público y la priorización de la inversión en infraestructura.
La norma, que modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), obliga a las Prefecturas y Municipios a destinar al menos el 70% de sus ingresos a inversión en obras, limitando el gasto corriente al 30% restante. Esta medida busca, según el gobierno, impulsar el desarrollo local a través de la ejecución de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en áreas como el acceso a agua potable, alcantarillado y saneamiento básico.
La votación estuvo marcada por una fuerte polarización política. La aprobación fue posible gracias al apoyo unificado de la bancada oficialista, sumado a los votos de legisladores provenientes de los ex-movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik, evidenciando una reconfiguración de alianzas en la Asamblea. Sin embargo, la oposición, liderada por el correísmo, se opuso férreamente a la ley, con 72 votos en contra y dos abstenciones.
Valentina Centeno, legisladora de ADN y proponente del proyecto, defendió la ley argumentando que busca una distribución más eficiente de los recursos en los GAD, garantizando que una mayor proporción del presupuesto se destine a proyectos de inversión que generen un impacto tangible en la vida de las personas. Centeno enfatizó la necesidad de priorizar obras que solucionen problemas básicos de la población, como la falta de acceso a servicios esenciales. “Esta ley no busca limitar la autonomía de los GAD, sino más bien orientar sus recursos hacia proyectos que realmente beneficien a la comunidad”, declaró la legisladora tras la votación.
Por otro lado, la oposición correísta ha denunciado que la ley representa un recorte encubierto en las asignaciones presupuestarias para los Gobiernos locales, lo que afectará negativamente la capacidad de los municipios y prefecturas para financiar proyectos sociales y programas de asistencia a los sectores más vulnerables de la población. Los legisladores correístas argumentan que la limitación del gasto corriente dificultará la prestación de servicios básicos como salud, educación y seguridad ciudadana, y que la priorización de la inversión en obras podría dejar desatendidas las necesidades sociales más urgentes.
“Esta ley es un ataque a la autonomía de los GAD y un retroceso en la descentralización”, afirmó un vocero del bloque correísta. “El gobierno de Noboa está priorizando la construcción de obras por encima de las necesidades de las personas, y esto tendrá consecuencias negativas para la calidad de vida de los ecuatorianos”.
La implementación de la ley generará sin duda un debate intenso en los próximos meses. Los GAD deberán adaptar sus presupuestos a las nuevas exigencias, lo que podría implicar la reasignación de recursos y la revisión de proyectos en curso. La capacidad de los gobiernos locales para cumplir con la norma dependerá de su situación financiera y de su capacidad para gestionar eficientemente los recursos disponibles.
Expertos en finanzas públicas advierten que la ley podría generar tensiones entre los GAD y el gobierno central, especialmente si los recursos transferidos a los gobiernos locales no son suficientes para cubrir las necesidades de inversión y gasto corriente. También se plantea la posibilidad de que la ley incentive la ejecución de proyectos de baja calidad o que no respondan a las necesidades reales de la población, en un intento por cumplir con el requisito del 70% de inversión.
La aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD se enmarca en un contexto de crisis fiscal y de necesidad de impulsar el crecimiento económico. El gobierno de Noboa ha apostado por una política de austeridad y de optimización del gasto público como una forma de estabilizar las finanzas del país y de generar confianza en los inversionistas. Sin embargo, la implementación de esta política ha generado críticas por parte de la oposición y de algunos sectores de la sociedad civil, que temen que las medidas de austeridad afecten negativamente a los programas sociales y a la calidad de los servicios públicos.
El futuro de la ley dependerá de la capacidad del gobierno para dialogar con los GAD y con la oposición, y para garantizar que la implementación de la norma se realice de manera transparente y eficiente. La clave para el éxito de la ley será encontrar un equilibrio entre la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura y la necesidad de proteger los programas sociales y los servicios públicos esenciales. La República EC continuará monitoreando de cerca la implementación de esta ley y sus efectos en el desarrollo local y en la calidad de vida de los ecuatorianos.
