El Parque Tayrona, joya natural de Colombia y destino turístico predilecto del Caribe, ha cerrado sus puertas de manera indefinida, no por los habituales periodos de descanso ecológico, sino por una escalada de violencia que amenaza la seguridad de visitantes, comunidades locales y personal del parque. La decisión, anunciada este miércoles por Parques Nacionales Naturales, revela un panorama preocupante en una región estratégica, a escasas semanas de elecciones legislativas y en medio de una creciente confrontación entre grupos armados ilegales.
Con 15.000 hectáreas de exuberante biodiversidad y un promedio de 600.000 visitantes anuales, el Tayrona se ha convertido en el epicentro de una disputa territorial que ha trascendido las fronteras de la conservación ambiental. La entidad encargada de la administración del parque detalló en un comunicado las amenazas recibidas por su personal, los actos de intimidación en los accesos, los bloqueos viales y la exigencia de cobros irregulares, condiciones que imposibilitan garantizar un entorno seguro para el desarrollo de actividades turísticas y de protección.
El cierre del Tayrona se produce en un contexto de alta tensión política y social en la región de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha catalogado a este municipio como de “riesgo extremo” de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, debido a la intensa actividad del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal más grande del país, y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización armada local con menor capacidad operativa pero con un profundo arraigo en el territorio. La MOE también ha documentado casos de violencia contra líderes sociales y comunitarios, lo que agrava aún más el clima de inseguridad.
Según Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses, el cierre del parque es la culminación de una confrontación que se gestó desde 2020, cuando el Clan del Golfo comenzó a disputar el control territorial de las ACSN en la Sierra Nevada y sus corredores estratégicos. “Desde 2023, la confrontación se ha intensificado, expresándose incluso en masacres como la cometida por las ACSN el pasado 9 de enero contra cinco civiles en el municipio de Maicao, en La Guajira”, explicó Olaya.
La situación se ha complicado aún más debido a la decisión del Ministerio de Defensa de ampliar el margen de acción de la Fuerza Pública contra las ACSN, modificando su clasificación criminal de Grupo Delictivo Organizado a Grupo Armado Organizado. Esta medida, que permite una intervención más directa del Ejército, ha generado una mayor presión sobre el grupo más pequeño, justo en un momento en que el gobierno colombiano ha reanudado los diálogos de paz con el Clan del Golfo en Qatar.
Olaya advierte que el reacomodo de fuerzas ha afectado la gobernanza del parque, ya que antes el control de los accesos, el flujo de víveres y la logística interna estaba en manos de las ACSN. “Cuando hay un grupo hegemónico, la violencia tiende a disminuir. Eso parece estar cambiando en los últimos meses”, señaló. La disputa por el control del parque ha generado nuevos choques que han afectado directamente a la población civil, especialmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y pescadores.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el impacto de la violencia en estas comunidades, denunciando amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores y prácticas de exterminio social. Paralelamente, se han registrado conflictos sociales entre las comunidades locales y Parques Nacionales Naturales, como la reciente reapertura de una de las entradas del parque por parte de comunidades indígenas que exigen ser reconocidas como autoridades territoriales y participar en la coadministración del área protegida.
Olaya teme que los grupos armados aprovechen estos conflictos para aumentar su control sobre la gobernanza del parque. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una Alerta Temprana en diciembre pasado, advirtiendo sobre una “intensa y creciente disputa por el dominio de territorios estratégicos” que afecta a al menos 21 municipios, incluyendo Santa Marta. La alerta detalla un aumento de homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores, con el objetivo de “sembrar terror”.
La Fundación Ideas para la Paz, en un informe reciente, destaca que las disputas entre grupos armados ilegales son la principal causa de la violencia armada en Colombia. El informe revela que estos grupos han aumentado su número de combatientes en un 23,6% entre 2024 y 2025, alcanzando un total de 27.121. El número de enfrentamientos entre grupos ha aumentado de 86 a 115 en el mismo período, y el número de zonas de conflicto activas se ha duplicado desde 2022, llegando a 13. Además, se ha registrado un aumento del 62% en los ataques contra la Fuerza Pública, alcanzando el nivel más alto desde 2016, con 300 ataques registrados.
El cierre del Tayrona se produce apenas un día después de que el gobierno colombiano anunciara la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo en Qatar, suspendidos meses atrás. En este contexto de disputa territorial, presión armada y tensión electoral, el principal parque natural de Colombia se encuentra, por ahora, a la espera de una solución que garantice la seguridad de todos sus habitantes y visitantes. La incertidumbre planea sobre el futuro del Tayrona, un paraíso natural que se ha convertido en un escenario de conflicto y violencia. La reapertura del parque dependerá de la evolución de la situación de seguridad y de la capacidad del gobierno colombiano para establecer un diálogo efectivo con los grupos armados ilegales y garantizar la protección de las comunidades locales.
