La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso firme en el debate sobre el derecho a la vivienda digna y los efectos de la gentrificación en la Ciudad de México, al declarar constitucional el decreto que limita los aumentos anuales de renta a los índices de inflación. La resolución, emitida tras analizar el amparo en revisión 546/2025, valida los artículos 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, implementados desde agosto de 2024, que buscan estabilizar los costos de alquiler y proteger a los inquilinos del desplazamiento forzado.
La decisión del Pleno de ministros no ha estado exenta de controversia, ya que plantea un equilibrio delicado entre los derechos de los propietarios de inmuebles y la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda asequible para todos los ciudadanos. El debate central se ha enfocado en si la regulación de las rentas interfiere con el derecho a la propiedad privada o si, por el contrario, es una medida necesaria para corregir las desigualdades sociales y evitar la segregación urbana.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales impulsoras de la medida, argumentó que el incremento descontrolado del costo del suelo en la Ciudad de México –que ha alcanzado un 800 por ciento en los últimos 20 años– ha generado una crisis habitacional que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Según Batres, la regulación de las rentas no solo protege a los inquilinos, sino que también asegura una ganancia justa para los propietarios, evitando la especulación y promoviendo un mercado inmobiliario más equilibrado.
“Es notorio el descenso del número de personas que viven en vivienda propia”, enfatizó la ministra Batres, citando datos que revelan una disminución del 71 por ciento de propietarios de vivienda en el año 2000 a solo el 50 por ciento en 2020. Esta tendencia, según la ministra, es una clara señal de que la falta de control en los costos de la vivienda está dificultando el acceso a la propiedad y obligando a un número creciente de personas a vivir en alquiler.
La validación de la constitucionalidad del decreto ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos, quienes consideran que la medida es un paso importante para combatir la gentrificación y proteger a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, representantes de los propietarios de inmuebles han expresado su preocupación por el impacto que la regulación podría tener en la inversión inmobiliaria y en la disponibilidad de viviendas en alquiler.
Uno de los puntos pendientes que aún debe resolver la SCJN es el tema del Registro de contratos de arrendamiento. Se espera que el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, presente un proyecto con ajustes para mejorar el funcionamiento del registro y garantizar la transparencia en las relaciones entre propietarios e inquilinos. La implementación efectiva del registro es crucial para asegurar el cumplimiento de la regulación y evitar prácticas abusivas por parte de los propietarios.
En un giro inesperado, el Pleno de la SCJN también validó la pena de prisión de hasta 70 años prevista para el delito de homicidio calificado en el artículo 108 del Código Penal para el Estado de Morelos. La decisión, que ha generado un intenso debate entre juristas y defensores de los derechos humanos, se basa en la interpretación del artículo 18 de la Constitución Política Federal, que exige que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos y promueva la reinserción social de los sentenciados.
La Corte determinó que la duración abstracta de la pena no es el único factor a considerar, sino que es fundamental que el Estado garantice, durante el tiempo de reclusión, condiciones reales que permitan a la persona prepararse para su regreso a la vida en libertad. Esto implica el acceso al trabajo, la educación, la salud, el deporte y la capacitación, así como programas de rehabilitación y apoyo psicológico.
La validación de la pena de 70 años ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que una pena tan larga es desproporcionada y contraviene los principios de proporcionalidad y humanidad. Sin embargo, la Corte ha defendido su decisión argumentando que el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad de los delincuentes más peligrosos y que la pena de prisión es una herramienta legítima para lograr este objetivo.
En resumen, la SCJN ha tomado decisiones trascendentales en materia de vivienda y justicia penal que tendrán un impacto significativo en la vida de los ciudadanos. La validación del decreto que limita los aumentos de renta en la Ciudad de México representa un avance importante en la protección del derecho a la vivienda digna, mientras que la validación de la pena de 70 años para el homicidio calificado plantea interrogantes sobre los límites de la pena y la necesidad de garantizar la reinserción social de los sentenciados. El debate sobre estas cuestiones continuará en los próximos meses, a medida que se implementen las nuevas medidas y se evalúen sus efectos en la práctica. La Corte se mantiene como un actor clave en la configuración del marco legal y social de México, buscando equilibrar los derechos individuales con el interés colectivo y promover una sociedad más justa y equitativa.
