El Banco Central y la UIF emitieron un comunicado conjunto que busca normalizar el ingreso de dólares en efectivo al sistema financiero, en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, generando debate sobre los riesgos de lavado de dinero y la necesidad de adaptarse a la realidad económica argentina. La medida, dirigida a los bancos y otras entidades financieras, busca establecer criterios claros para la operatoria con billetes estadounidenses no declarados, ante la resistencia inicial de algunas instituciones por los potenciales riesgos asociados a la relajación de los controles.
El comunicado, divulgado esta semana, subraya que un sistema efectivo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva debe considerar la realidad macroeconómica del país. En este sentido, se destaca la histórica informalidad, la inestabilidad económica, la alta inflación, las restricciones cambiarias y la desconfianza en el sistema financiero tradicional como factores que han moldeado los patrones de comportamiento financiero y el uso de moneda extranjera en efectivo en Argentina.
La Ley 27.799, que entró en vigor el 2 de enero de 2026, introdujo cambios significativos en el régimen fiscal, elevando el umbral para la configuración del delito de evasión tributaria y creando un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta nueva normativa, basada en el Principio de Inocencia Fiscal, establece que ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos) debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando los controles patrimoniales preventivos y abandonando la lógica de persecución generalizada.
Ante este panorama, la UIF y el BCRA enfatizan que la tenencia de moneda extranjera en efectivo es una práctica económicamente racional para la preservación del valor de los activos. Por lo tanto, aclaran que esta tenencia no constituye, por sí sola, un indicio de ilicitud ni justifica una calificación automática como sospechosa. Su evaluación debe realizarse en el marco de un enfoque basado en el riesgo, considerando el perfil del cliente, la razonabilidad económica de la operación y la existencia de otros indicadores de alerta concurrentes.
En cuanto a los depósitos en efectivo, los organismos señalan que la normativa de Prevención de Lavado de Activos no prohíbe estos depósitos, independientemente del monto. Tampoco exige la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptar un depósito. La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil).
La adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada debe considerarse un antecedente favorable en el análisis de riesgos, según lo dispuesto por el Decreto 93/2026, que reglamenta la Ley 27.799. Este decreto insta a los sujetos obligados a considerar la adhesión de un contribuyente a este régimen como un factor positivo en su evaluación de riesgos.
En este contexto, la UIF y el BCRA recomiendan que, cuando el origen y la aplicación de los fondos sean consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podría ser innecesario requerir documentación adicional. Esto siempre y cuando, según el análisis integral de riesgo efectuado por la entidad financiera, no se identifiquen inconsistencias relevantes.
El comunicado enfatiza la importancia de que los sujetos obligados efectúen un análisis integral del cliente, considerando sus características, su comportamiento transaccional y la naturaleza y razonabilidad de sus operaciones. No deben limitarse a una evaluación exclusiva de su perfil impositivo o fiscal. El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) se destaca como un elemento esencial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de los fondos depositados en el sistema financiero.
Para optimizar la gestión de riesgos, la UIF y el BCRA recomiendan que los sujetos obligados ajusten sus sistemas de prevención mediante la actualización de sus matrices de riesgo. Estas matrices deben reflejar las modificaciones normativas vigentes, en particular el incremento de la condición objetiva de punibilidad, y permitir una mejor categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas. El objetivo es evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y la normativa aplicable.
La medida ha generado reacciones encontradas. Algunos analistas consideran que es un paso necesario para atraer divisas al sistema financiero formal y aliviar la escasez de dólares, mientras que otros advierten sobre el riesgo de facilitar el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas. La oposición ha criticado la medida, argumentando que podría beneficiar a quienes evadieron impuestos en el pasado y que no se han establecido suficientes controles para prevenir el lavado de activos.
El gobierno, por su parte, defiende la medida como parte de una estrategia más amplia para normalizar la economía y fomentar la inversión. Se espera que la flexibilización de las reglas para el ingreso de dólares en efectivo incentive a los ahorristas a depositar sus divisas en el sistema financiero, lo que podría contribuir a fortalecer las reservas del Banco Central y a estabilizar el tipo de cambio.
La implementación de esta nueva normativa será clave para determinar su éxito. Los bancos y otras entidades financieras deberán adaptar sus sistemas de prevención y capacitación de personal para garantizar el cumplimiento de los nuevos criterios. La UIF y el BCRA se comprometen a monitorear de cerca la evolución de la situación y a realizar ajustes en la normativa si fuera necesario. El futuro del sistema financiero argentino, en gran medida, dependerá de la capacidad de equilibrar la necesidad de atraer divisas con la obligación de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La transparencia y la cooperación entre los diferentes actores del sistema serán fundamentales para lograr este objetivo.
