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Ciudad de México – El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrentará un nuevo proceso legal, esta vez por el delito de peculado, lo que aplaza su posible liberación programada para el 15 de abril, cuando cumpliría nueve años de prisión por delitos previos. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, vinculó a proceso a Duarte por el desvío de 5 millones de pesos destinados a programas de salud para niños y adultos mayores en Veracruz durante el año 2012.
La decisión judicial ratifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada, manteniendo a Duarte tras las rejas mientras se desarrolla la nueva investigación. Este revés legal ocurre en un momento crucial, ya que la defensa del ex gobernador había estado preparando los trámites para solicitar un cambio de medida cautelar y obtener su libertad condicional.
El nuevo proceso penal, identificado con la causa penal 667/2025, otorga a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la defensa de Duarte un plazo de seis meses –hasta el 17 de agosto próximo– para reunir y presentar las pruebas correspondientes. La FGR deberá demostrar la culpabilidad de Duarte en el desvío de los fondos públicos, mientras que la defensa buscará refutar las acusaciones y argumentar a favor de la inocencia de su cliente.
Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, expresó su desacuerdo con la decisión del juez y anunció que apelarán la vinculación a proceso. La estrategia legal de la defensa se centrará en cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la FGR y en argumentar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de peculado.
La imposición de la prisión preventiva justificada representa un obstáculo significativo para la liberación de Duarte, quien ha permanecido recluido en el Reclusorio Norte desde su detención en 2017. El ex gobernador fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los cuales se declaró culpable en un acuerdo con las autoridades federales.
A pesar de este nuevo proceso, la defensa de Duarte no descarta la posibilidad de solicitar una nueva audiencia antes del 15 de abril para intentar nuevamente el cambio de medida cautelar. Argumentarán que el ex gobernador ha cumplido con su pena por los delitos anteriores y que no representa un riesgo para la sociedad.
Al concluir la audiencia, que se extendió por casi once horas, Javier Duarte expresó su frustración y desconfianza en el sistema judicial. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, declaró el ex gobernador al juez Villaseñor, insinuando que la decisión judicial está motivada por factores políticos y no por pruebas contundentes.
La declaración de Duarte refleja su percepción de que ha sido víctima de una persecución política y que su caso ha sido utilizado como un ejemplo para enviar un mensaje a otros funcionarios públicos. Sus acusaciones han generado debate sobre la independencia del sistema judicial y la influencia de la política en los procesos legales.
El caso de Javier Duarte ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años en México. Su detención y enjuiciamiento estuvieron marcados por controversias y acusaciones de corrupción a gran escala. El ex gobernador fue acusado de desviar miles de millones de pesos de las arcas públicas de Veracruz durante su mandato, utilizando recursos destinados a programas sociales y obras públicas para beneficio personal y de sus allegados.
La vinculación a proceso por peculado es solo el último capítulo en la saga legal de Duarte. Aún enfrenta otras investigaciones y posibles acusaciones por delitos relacionados con la corrupción y el desvío de recursos públicos. La FGR ha señalado que continuará investigando las presuntas irregularidades cometidas durante su administración y que buscará llevar a los responsables ante la justicia.
Este nuevo proceso legal podría prolongar significativamente la estancia de Duarte en prisión. Si es declarado culpable de peculado, podría enfrentar una pena de prisión adicional, lo que dificultaría aún más su posibilidad de obtener la libertad en un futuro cercano.
El caso de Duarte también plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de combate a la corrupción en México. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, la corrupción sigue siendo un problema endémico que afecta a todos los niveles de gobierno. La vinculación a proceso de Duarte es un paso importante en la lucha contra la impunidad, pero aún queda mucho por hacer para erradicar este flagelo.
La decisión del juez Villaseñor ha generado reacciones encontradas en la opinión pública. Algunos sectores han aplaudido la medida como un acto de justicia y un mensaje claro contra la corrupción, mientras que otros han criticado la prolongación de la prisión preventiva y han cuestionado la imparcialidad del sistema judicial. El caso de Duarte seguirá siendo objeto de debate y análisis en los próximos meses, mientras se desarrolla el nuevo proceso legal en su contra. La atención pública se centrará en las pruebas que presenten la FGR y la defensa, así como en la decisión final del juez sobre la culpabilidad o inocencia del ex gobernador de Veracruz.
