La Comisión de Postulación de Magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó al Congreso una nómina de 20 candidatos para ocupar las cinco magistraturas titulares y suplentes que dirigirán los procesos electorales de 2026-2032, desatando una ola de controversia y acusaciones de opacidad en el proceso. La rapidez con la que se definió la lista –en menos de una hora– y la inclusión de figuras con serios cuestionamientos éticos y legales han generado preocupación en la sociedad civil y ponen en riesgo la legitimidad de los próximos comicios.
La nómina, que requiere de 107 votos de los 160 diputados para su aprobación, incluye a Lesther Castellanos Rodas, actual relator contra la tortura, sancionado por el gobierno de Estados Unidos en julio de 2023 por socavar procesos democráticos al presuntamente tomar represalias contra una fiscal anticorrupción durante su tiempo como juez de Mayor Riesgo. Su inclusión ha provocado la inmediata reacción de organizaciones como Movimiento Projusticia e Impunity Watch, quienes denuncian la falta de transparencia y la selección de perfiles cuestionados.
Otro nombre que genera controversia es Wilber Estuardo Castellanos Venegas, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, donde fue señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como parte de un grupo de magistrados que obstaculizó la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2019. A pesar de estas acusaciones, Castellanos fue elegido magistrado de la Corte de Apelaciones en 2023.
La lista también incluye a Julio César Recinos Fabián, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), quien se postuló a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) con una planilla vinculada a la fiscal general, Consuelo Porras. Su cercanía a la jefa del MP levanta sospechas sobre su imparcialidad y su capacidad para garantizar elecciones justas y transparentes.
Las objeciones y tachas presentadas contra estos tres candidatos durante la fase correspondiente del proceso fueron descartadas por la comisión postuladora, lo que ha intensificado las críticas y las acusaciones de parcialidad. Movimiento Projusticia denuncia que la selección de los candidatos se basó en acuerdos previos entre representantes de las universidades de San Carlos de Guatemala (Usac), la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana, quienes habrían negociado para asegurar la inclusión de sus preferidos en la nómina.
Además de los nombres mencionados, otros candidatos incluidos en la lista han sido objeto de cuestionamientos. Giovanni Soto Santos, exmagistrado de apelaciones, es acusado de haber sido incluido como un “pago de factura” por su apoyo al rector de la Usac, Walter Mazariegos. Juan José Bolaños Mejía, vinculado al caso Comisiones Paralelas, estuvo prófugo de la justicia por más de un año antes de que se revocara la orden de captura en su contra. Joaquín Flores Guzmán, exgerente del Organismo Judicial (OJ), fue directivo y decano interino de la Universidad Panamericana. Roberto Estuardo Morales Gómez, integrante de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, excluyó a los profesionales de ciencias afines del Cang de votar en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Un informe de Impunity Watch revela que 11 de los 20 aspirantes incluidos en la nómina final recibieron objeciones durante el proceso de selección, las cuales fueron ignoradas por la comisión.
El proceso de selección estuvo marcado por irregularidades, como el retraso de dos horas en el inicio de la sesión en la que se integró la nómina final, lo que generó inconformidad entre observadores y miembros de la sociedad civil presentes en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, sede del Congreso.
Gregorio Saavedra, vocero de la comisión y representante del Cang, defendió el proceso, asegurando que fue “abierto y transparente” y que todas las decisiones fueron deliberadas públicamente. Sin embargo, Mónica Marroquín, representante de Guatemala Visible, contradice esta afirmación, señalando que no hubo transparencia ni metodología clara en la evaluación de expedientes ni en el proceso de votación. Tampoco se justificó la “reconocida honorabilidad” de los aspirantes, como exige la Constitución.
Marroquín y Movimiento Projusticia coinciden en que la comisión careció de procesos transparentes y que las decisiones ya estaban previamente acordadas. Señalan la rapidez con la que se aprobó la nómina y el retraso en el inicio de la sesión como evidencia de estos acuerdos previos.
Movimiento Projusticia teme que el Congreso se incline por los candidatos más cuestionados, ya que “aseguran obediencia a las directrices que emanen de los partidos políticos” que dominarán las elecciones de 2027. Además, señalan la falta de experiencia en temas electorales de los candidatos, lo que pone en riesgo la capacidad del TSE para organizar y dirigir elecciones justas y transparentes.
La situación actual plantea serias dudas sobre la independencia y la imparcialidad del TSE, y amenaza con socavar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. La aprobación de esta nómina por parte del Congreso podría desencadenar una crisis política y social, y poner en riesgo la estabilidad democrática del país. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos y exige transparencia y rendición de cuentas en la selección de los magistrados del TSE. El futuro de las elecciones en Guatemala pende de un hilo, y la decisión que tome el Congreso en los próximos días será crucial para determinar si se garantiza un proceso electoral justo, transparente y legítimo.
