Móstoles, Madrid – Una grave denuncia ha sacudido al Ayuntamiento de Móstoles y al Partido Popular. La exconcejala del municipio ha presentado una querella criminal contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso sexual y laboral, sumándose a la denuncia delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, apuntando también directamente al PP como entidad. La querella, presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles, marca un punto de inflexión en un caso que ya había generado tensiones internas y ahora se traslada a la esfera judicial.
El abogado de la exconcejala, Antonio Suárez-Valdés, confirmó la presentación de la querella en declaraciones a La Hora de La 1, detallando la complejidad del caso y la necesidad de recurrir a la vía penal tras el fracaso de los mecanismos internos de protección. “La omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente”, explicó Suárez-Valdés.
La defensa argumenta que la querella se basa en un “nutrido soporte probatorio” que busca demostrar la presunta solicitud de favores de tipo sexual por parte del alcalde, y el posterior “patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica” que se habría desplegado tras el rechazo de la exconcejala. Este patrón, según la denuncia, tenía como objetivo aislarla e invisibilizarla profesionalmente. Suárez-Valdés fue explícito al afirmar que el alcalde acosó sexualmente a su clienta en tres ocasiones, buscando una relación personal que fue rechazada, desencadenando las represalias.
La querella no solo se dirige contra el alcalde, sino también contra el Partido Popular como persona jurídica, invocando los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal. El abogado argumenta que el silencio y la falta de respuesta del partido ante las denuncias internas constituyen una forma de revictimización, y que la ausencia de protocolos adecuados de protección frente al acoso puede generar responsabilidad penal directa para la organización. “El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización”, denunció Suárez-Valdés.
La complejidad técnica del caso, según la defensa, radica en la naturaleza íntima de algunos de los hechos y en la eliminación de correos electrónicos oficiales de la víctima. A pesar de estas dificultades, la querella cuenta con un amplio respaldo probatorio que se espera que sea presentado ante el juzgado.
La lista de testigos que se solicitará su declaración es notable y apunta a la necesidad de esclarecer el conocimiento y la respuesta del partido a las denuncias. Entre los nombres que figuran en la lista se encuentran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán. Se busca que declaren sobre su conocimiento de los hechos y su papel en el manejo interno del caso.
Además, la querella también denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados por la exconcejala con la Comunidad de Madrid, que fueron filtrados a varios medios de comunicación y en uno de los cuales se reveló la identidad de la denunciante. Este hecho, según Suárez-Valdés, podría constituir delitos de revelación de secretos.
El bufete que representa a la denunciante se especializa en casos de acoso laboral y sexual en entornos institucionales jerarquizados, lo que sugiere una estrategia legal bien definida y una experiencia en la gestión de este tipo de casos.
En un desarrollo paralelo, la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, un cargo de confianza de la exconcejala, ha presentado su dimisión este lunes. Fuentes municipales aseguran que la renuncia fue voluntaria, alegando un “compromiso con la veracidad”, aunque no han confirmado si está relacionada con la denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde. La dimisionaria se incorporó al cargo en 2023 junto con la exconcejala y continuó desempeñando sus funciones tras la salida de esta.
La dimisión de la coordinadora de Digitalización añade una nueva capa de complejidad a la situación, sugiriendo un posible clima de tensión e incomodidad en el Ayuntamiento de Móstoles. La renuncia, justificada por un compromiso con la veracidad, podría interpretarse como una señal de apoyo a la exconcejala y una crítica implícita a la gestión del caso por parte del alcalde y del partido.
Este caso ha generado una gran expectación y ha puesto en el centro del debate la necesidad de proteger a las víctimas de acoso en el ámbito laboral y político, así como la responsabilidad de las instituciones y los partidos políticos en la prevención y el abordaje de estas situaciones. La investigación judicial, que ahora se inicia, será clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La atención mediática y política se centra ahora en el Juzgado de Instancia de Móstoles, a la espera de los próximos pasos en este caso que promete ser largo y complejo. La denuncia ha abierto una herida profunda en el Partido Popular de Móstoles y podría tener consecuencias significativas en el panorama político local y regional.
