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Lima, 17 de febrero de 2024 – La incertidumbre persiste en el sector del transporte terrestre en Perú. A pesar de las recientes movilizaciones espontáneas de empresas como El Rápido, Nueva América y Huáscar, los transportistas han descartado, por el momento, una paralización general para este martes 17 de febrero. Sin embargo, la amenaza de un paro nacional sigue latente, impulsada por la creciente ola de inseguridad que azota al gremio, incluyendo extorsiones y asesinatos de conductores.
Martín Ojeda, portavoz de Transportes Unidos, confirmó que no existe una convocatoria oficial para un paro este martes. No obstante, enfatizó que los líderes del sector se reunirán en los próximos días para definir las medidas a adoptar frente a la alarmante situación de inseguridad. “Nosotros siempre aspiramos a estar unidos. Ojalá que con esa expresión todos estén alineados en la misma postura”, declaró Ojeda, buscando un frente común entre los diversos gremios.
La decisión de no convocar a un paro para hoy coincide con la programación de un pleno extraordinario en el Congreso de la República para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí. Los representantes del gremio han optado por no interferir en el debate parlamentario, aunque esto no significa que la reunión de los dirigentes sea pospuesta. “No contemplamos (realizar un paro). Salvo la determinación de los representantes. Yo soy vocero y me debo a cerca de 14 líderes. Cuando ellos tomen una decisión, nosotros la expondremos y la evaluaremos”, explicó Ojeda, subrayando su rol como comunicador de las decisiones tomadas por la cúpula del sector.
El lunes 16 de febrero, ocho empresas de transporte decidieron suspender sus operaciones como una forma de protesta ante la escalada de violencia. Empresas como El Rápido, La 50, Nueva América y Huáscar protagonizaron una caravana en señal de rechazo a las extorsiones y los homicidios que sufren los transportistas. Sin embargo, la movilización fue interrumpida por la Policía Nacional, que impuso multas a los conductores por supuestamente obstruir el tráfico.
Ojeda lamentó la intervención policial, calificándola de “increíble”. Según su relato, oficiales interceptaron a los conductores de El Rápido que se dirigían al Congreso tras el asesinato de su compañero Amílkar Raúl Marcano Rodríguez, ocurrido la noche del 14 de febrero. El coronel Juan Carlos Montúfar justificó la intervención alegando que uno de los conductores “obstruía el libre tránsito”.
“El comandante Arriola trató de calmar la situación y esperamos que no se repita, ya que fue una marcha completamente pacífica detenida por la policía. Confiamos en que esto no ocurra de nuevo”, agregó Ojeda, expresando su esperanza de que las autoridades respeten el derecho a la protesta pacífica.
La muerte de Marcano Rodríguez, presuntamente a causa de una extorsión, ha sido el detonante de la indignación en el sector. El crimen ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los transportistas ante las bandas criminales que operan en las carreteras y en las ciudades. Julio César Rau Rau, otro representante del gremio, anunció que seguirán convocando a movilizaciones pacíficas para visibilizar la problemática, aunque descartó el cierre de las principales vías de la ciudad.
La situación es particularmente grave en el terminal de la empresa Pesqueros, donde ocurrió el asesinato de Marcano Rodríguez. El vocero Ojeda ofreció sus declaraciones desde este terminal, enfatizando la necesidad de una respuesta urgente por parte de las autoridades.
El sector del transporte exige medidas concretas para garantizar la seguridad de los conductores y de las unidades de transporte. Entre las propuestas se incluyen el aumento de la presencia policial en las carreteras, la instalación de cámaras de seguridad en los terminales y la implementación de protocolos de seguridad más estrictos.
La reunión de los líderes del sector transporte se espera que sea crucial para definir el futuro de las protestas. Si no se logran acuerdos con el gobierno y las autoridades competentes, un paro general podría ser inevitable. La paralización del transporte tendría un impacto significativo en la economía del país, afectando el abastecimiento de alimentos, el comercio y la movilidad de las personas.
La población peruana observa con atención el desarrollo de esta crisis, esperando una solución que garantice la seguridad de los transportistas y la continuidad de los servicios esenciales. La presión sobre el gobierno es cada vez mayor, y se espera que en los próximos días se anuncien medidas concretas para abordar la problemática de la inseguridad en el sector del transporte.
La República continuará informando sobre este importante tema, brindando a sus lectores la información más actualizada y relevante. Se espera que la reunión de los líderes del sector transporte arroje luz sobre el futuro de las protestas y las posibles soluciones a la crisis de inseguridad que afecta al gremio. La incertidumbre persiste, pero la esperanza de un diálogo constructivo y una respuesta efectiva por parte de las autoridades sigue viva.
