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Lima, 20 de febrero de 2026 – Una investigación exhaustiva revela que el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado de sus funciones a un total de 273 personas – 243 docentes y 30 trabajadores administrativos – entre octubre de 2025 y febrero de 2026, todas ellas procesadas o condenadas por la comisión de delitos graves. La alarmante cifra pone de manifiesto una problemática estructural que amenaza la seguridad y el bienestar de los estudiantes a nivel nacional, y ha generado una ola de indignación y preocupación entre padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa en general.
Los datos oficiales del Minedu, a los que ha tenido acceso este medio, revelan un patrón escalofriante: el delito más recurrente es la violación sexual, con un total de 226 docentes y 28 administrativos implicados en acusaciones de este tipo. La magnitud de este problema exige una reflexión profunda sobre los mecanismos de selección, capacitación y supervisión del personal educativo, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de denuncia y protección de las víctimas.
Pero los casos de abuso sexual no son los únicos que han sacudido al sistema educativo. La investigación del Minedu también ha identificado nueve personas vinculadas a procesos por terrorismo y apología del terrorismo, siete acusadas de proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales a través de medios tecnológicos, dos involucradas en tráfico ilícito de drogas y una acusada de secuestro. La diversidad de delitos cometidos por estos individuos subraya la urgencia de implementar medidas más rigurosas para garantizar la idoneidad moral y legal de quienes tienen a su cargo la formación de las futuras generaciones.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, se ha pronunciado al respecto, afirmando que su gestión está comprometida con la erradicación de cualquier elemento que represente un riesgo para los estudiantes. “Nuestro objetivo es garantizar que las escuelas sean espacios seguros para niños y adolescentes, donde puedan aprender y desarrollarse sin temor a ser víctimas de ningún tipo de abuso o violencia”, declaró el ministro en una conferencia de prensa. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y policiales para identificar y sancionar a quienes cometan delitos contra nuestros estudiantes”.
La situación es aún más preocupante si se considera que, solo en lo que va de 2026, el Minedu ha separado a 152 personas – 134 docentes y 18 administrativos – por delitos graves. De nuevo, la violación sexual es el delito más frecuente, con 143 personas involucradas, seguida de los casos de proposiciones a menores con fines sexuales mediante medios tecnológicos, con cuatro implicados. Esta tendencia al alza sugiere que el problema no está siendo abordado de manera efectiva y que se requiere una respuesta más contundente y coordinada.
De las 273 personas separadas del sistema educativo, 57 ya han sido retiradas de manera definitiva tras recibir una sentencia condenatoria del Poder Judicial. Las 216 restantes permanecen separadas de forma preventiva mientras continúan los procesos judiciales correspondientes. El Minedu ha informado que está brindando apoyo legal y psicológico a las víctimas de estos delitos, y que está colaborando con las autoridades para acelerar los procesos judiciales y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Sin embargo, la respuesta del Minedu ha sido criticada por algunos sectores, que consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y que se tardó demasiado en actuar. Organizaciones de defensa de los derechos de los niños y adolescentes han exigido la implementación de un sistema de verificación de antecedentes más exhaustivo para todos los postulantes a cargos en el sistema educativo, así como la creación de un registro nacional de docentes y administrativos condenados por delitos graves.
“Es inaceptable que personas con antecedentes criminales puedan tener acceso a nuestros niños y adolescentes”, declaró la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Ana María Pérez. “El Minedu debe asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para proteger a nuestros estudiantes. No podemos permitir que las escuelas se conviertan en refugios para depredadores”.
La magnitud de la crisis exige una respuesta integral que involucre a todos los actores relevantes: el Minedu, el Poder Judicial, la Policía Nacional, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa en general. Es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia, garantizar la protección de las víctimas, promover la capacitación y sensibilización del personal educativo, y fomentar una cultura de tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso o violencia.
La cifra revelada por el Minedu no solo expone un problema grave, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la ética profesional, la responsabilidad institucional y la seguridad de los estudiantes. La sociedad peruana exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y protectores para todos los niños y adolescentes. La vigilancia permanente, los filtros más rigurosos y una política de tolerancia cero son imperativos ineludibles para construir un futuro más justo y seguro para las nuevas generaciones. La sombra de los maestros depredadores debe ser erradicada de una vez por todas.
