Caracas, Venezuela – La crisis política en Venezuela se agudiza con una desgarradora protesta frente a las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 de Caracas. Diez mujeres, familiares de presos políticos, han iniciado una huelga de hambre y se han encadenado en un acto desesperado para exigir la liberación de sus parientes. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, ha expresado su total solidaridad con estas mujeres, calificando la situación como un ejemplo del “tanto sufrimiento” que vive el país y exigiendo la “liberación inmediata, plena y sin condiciones de todos los presos políticos”.
La protesta comenzó el sábado a las 6:00 hora local (10:00 GMT) y ha atraído la atención de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Las mujeres permanecen sobre colchonetas en las afueras del comando policial, recibiendo atención médica y apoyo de enfermeras y médicos voluntarios. Según informes, un grupo de presos políticos dentro de la Zona 7 también se han sumado a la huelga de hambre desde el viernes, elevando la tensión y la preocupación por su salud.
La situación se complica aún más con denuncias de que las autoridades están obstaculizando la asistencia médica a los detenidos en huelga. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ha denunciado que la policía ha impedido el ingreso de sueros hidratantes para los presos, “sin ofrecer explicación alguna”, lo que, según la organización, “agrava gravemente el estado de salud” de los detenidos. Esta negación de atención médica se suma a las acusaciones de persecución y encarcelamiento por motivos políticos que han plagado el país durante años.
La huelga de hambre se produce en un contexto de promesas incumplidas por parte del gobierno. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de “todos” los presos políticos una vez que se aprobara la ley de amnistía, estimando que esto ocurriría “a más tardar” el pasado viernes. Sin embargo, el Legislativo, dominado por el partido de gobierno, aplazó el jueves el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, debido a desacuerdos sobre un artículo específico. Este retraso ha sido interpretado por la oposición como una falta de voluntad política para resolver la crisis de los presos políticos.
La desesperación de las familias se ve exacerbada por la incertidumbre política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas el pasado enero. Delcy Rodríguez asumió el cargo de mandataria encargada, anunciando un “nuevo momento político” que, hasta ahora, no ha traducido en mejoras significativas en la situación de los derechos humanos.
La respuesta de las autoridades a la protesta ha sido controvertida. Un video difundido en redes sociales muestra a un funcionario de la PNB tildando la huelga de “show” y acusando a las familiares de “cometer un delito”, a pesar de que la Constitución venezolana garantiza el derecho a la manifestación pacífica. Esta actitud refleja la falta de sensibilidad y respeto hacia el sufrimiento de las familias y la persistencia de una cultura de represión política.
A pesar del clima de tensión, el sábado se llevaron a cabo 17 excarcelaciones en la Zona 7, según anunció el presidente del Parlamento. Sin embargo, este número se considera insuficiente para abordar la magnitud del problema de los presos políticos en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos estiman que hay cientos de personas encarceladas por motivos políticos en el país.
La situación de los presos políticos y sus familias se ha convertido en un símbolo de la crisis humanitaria y política que enfrenta Venezuela. La huelga de hambre de estas diez mujeres es un llamado desesperado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el gobierno y exija el respeto de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.
Mientras tanto, el país enfrenta otros desafíos, como la escasez de agua potable en San Cristóbal y otros sectores del Táchira, la proliferación de fraudes como el caso de una pareja que fingió un secuestro en Villa del Rosario, y la disminución del número de viajeros en el aeropuerto de la frontera. La “economía del rebusque” florece en el Carnaval de la Frontera, mientras que expertos sugieren que el Táchira debe apuntar al manejo de una sola moneda. Incluso el ex presidente Nicolás Maduro ha pedido ser incluido en la Ley de Amnistía, un gesto que refleja la complejidad y la incertidumbre del panorama político venezolano.
Además, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha liquidado seis misiones sociales, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en los programas sociales y la atención a los sectores más vulnerables de la población. La situación económica sigue siendo precaria, y el movimiento de viajeros por el aeropuerto de frontera continúa en descenso. Se buscan alternativas y cambios tras la activación de estaciones de servicio ACEF en la frontera, en un intento por abordar los problemas de suministro de combustible.
La huelga de hambre de las madres en Caracas es un recordatorio de que la crisis en Venezuela va más allá de los números económicos y las disputas políticas. Es una crisis humana que afecta a miles de familias y exige una solución urgente y justa. La comunidad internacional observa con atención, esperando que el gobierno venezolano responda a las demandas de las familias y libere a todos los presos políticos, abriendo el camino hacia la reconciliación y la reconstrucción del país.
