Bolivia se enfrenta a una crisis energética silenciosa, marcada por una gestión opaca e ineficiente de la importación de combustibles, que ha costado al país más de $16.000 millones en la última década. Un análisis exhaustivo revela que la falta de transparencia y la ausencia de controles rigurosos están generando pérdidas significativas, equivalentes a la construcción de múltiples hospitales o la inversión en proyectos estratégicos de exploración que podrían reducir la dependencia externa.
El país importa actualmente más del 80% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume, una situación que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a las posibles irregularidades en los procesos de contratación. Solo en 2024, la factura de importación de combustibles superó los $3.000 millones, una cifra alarmante en una economía con restricciones crónicas de divisas.
Según el análisis, incluso una pequeña ineficiencia en los costos logísticos o contractuales –un sobrecosto del 5%– podría implicar entre $150 y $200 millones adicionales en un solo año. Si este sobrecosto se elevara al 8% o 10%, la pérdida anual podría alcanzar los $250 a $300 millones. Estas cifras, según expertos, podrían destinarse a proyectos de alta complejidad, programas de riego masivos o inversiones en exploración que podrían disminuir la dependencia del país de los combustibles importados.
La problemática se agrava con la falta de planificación en la transición entre la importación de combustibles terminados y la importación de crudo para refinación local. Si se decide importar crudo sin que la capacidad de refinación esté plenamente optimizada, se incurren en costos financieros y de almacenamiento que anulan la supuesta ventaja económica. Además, los retrasos en los pagos internacionales, debido a la escasez de divisas, pueden encarecer las condiciones contractuales y aumentar las primas de riesgo. Incluso una pequeña variación adversa en el precio por litro, aplicada sobre miles de millones de litros anuales, puede generar un impacto acumulado de decenas de millones de dólares.
El debate, según el análisis, no debería centrarse en el subsidio –que ya ha sido reducido o eliminado– sino en la arquitectura institucional que rodea la importación. Se cuestiona si las compras se realizan mediante procesos competitivos comparables internacionalmente, si los volúmenes, precios promedio ponderados y costos logísticos se publican de forma sistemática, y si existen auditorías técnicas independientes que verifiquen la calidad, los tiempos y el cumplimiento contractual.
La opacidad, según el informe, no solo genera sospechas, sino que también incrementa el costo financiero del país, encarece el acceso al crédito y limita la capacidad de negociar en mejores condiciones. La comparación con otros países de la región, como Uruguay, Brasil, Chile y Perú, ofrece lecciones valiosas. Uruguay, a través de ANCAP, publica balances auditados y detalla su estructura de costos, permitiendo un escrutinio técnico constante. Brasil utiliza referencias internacionales explícitas en la formación de precios y reporta periódicamente información relevante al mercado. Chile y Perú cuentan con mecanismos de información pública y marcos regulatorios previsibles que reducen la discrecionalidad.
Ante esta situación, el análisis propone un giro institucional en Bolivia. En primer lugar, se insta a institucionalizar la publicación periódica y desagregada de datos sobre importaciones: volúmenes por producto, precio promedio CIF, costos logísticos y estructura contractual agregada. En segundo lugar, se propone consolidar procesos de compra competitivos y auditables, con la participación de instancias técnicas independientes. En tercer lugar, se sugiere evaluar con criterios estrictamente económicos cuándo conviene importar crudo y cuándo combustibles refinados, considerando la capacidad instalada, los costos financieros y los escenarios internacionales. Y, por último, se recomienda reinvertir parte de los ahorros potenciales en exploración y eficiencia energética para reducir la vulnerabilidad estructural.
La magnitud de las importaciones de combustibles exige una gestión rigurosa y transparente. Incluso pequeñas ineficiencias porcentuales pueden traducirse en pérdidas cuantiosas. La diferencia entre una gestión opaca y una transparente puede equivaler a cientos de millones de dólares al año, un costo que Bolivia no puede permitirse. Se trata, por tanto, de un imperativo de buena administración: racionalidad económica, eficiencia operativa y transparencia plena como pilares de una política energética moderna y sostenible.
La situación actual exige una revisión exhaustiva de los procesos de importación, la implementación de mecanismos de control más estrictos y la promoción de la transparencia en todas las etapas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y a exigir responsabilidades a quienes no cumplan con sus deberes. La energía es un recurso estratégico para el desarrollo del país, y su gestión debe ser prioritaria para garantizar un futuro próspero y sostenible para todos los bolivianos. La falta de acción podría condenar al país a una dependencia perpetua y a la pérdida de oportunidades de crecimiento.
