Morena impulsa una ambiciosa y controvertida reforma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que incluye la reestructuración completa de las instituciones autónomas, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y una revisión profunda del papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. El objetivo, según el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, es erradicar la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno y transformar a las instituciones anticorrupción en herramientas efectivas, no en meros apéndices del poder ejecutivo.
La propuesta de Morena, que se espera sea presentada en su totalidad por la Consejería Jurídica de la Presidencia antes de abril, se articula en cinco ejes principales: la erradicación total del fuero, la reconstrucción del SNA con órganos de fiscalización fortalecidos y mayores herramientas de sanción, reformas a la Ley Orgánica del Congreso para garantizar la fiscalización y los procesos de selección del auditor superior, el blindaje a la denuncia ciudadana y el fortalecimiento y unificación de los sistemas de revocación de mandato.
El diagnóstico de Morena, expuesto por Ramírez Cuéllar, es contundente: los fiscales y auditores, en muchos casos, operan como “un empleado más” del gobierno en turno, tanto a nivel federal como estatal. Esta situación, según el diputado, ha facilitado la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, socavando la confianza en las instituciones y obstaculizando el combate a la corrupción.
La reforma propuesta busca romper con este esquema, eliminando la reelección de auditores y titulares de órganos internos de control, y sometiendo a los funcionarios públicos a un escrutinio más riguroso. Se plantea que los perfiles de los candidatos a ocupar estos cargos sean debatidos en foros ciudadanos, buscando garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en el proceso de selección.
Sin embargo, la propuesta de Morena ha generado controversia, especialmente por la decisión de eliminar el Inai, una institución clave en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública. La desaparición del Inai, concretada desde el sexenio pasado, ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia, quienes advierten que podría debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Asimismo, la propuesta de Morena de relegar el papel de la sociedad civil a la denuncia y la participación en los ejercicios de revocación de mandato ha sido cuestionada. El diputado Ramírez Cuéllar argumenta que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), actualmente con un solo integrante designado por el Senado, “ya no funciona” y que es necesario renovar completamente los órganos encargados de perseguir y castigar la corrupción. No obstante, los críticos señalan que esta medida podría limitar la participación activa de la sociedad civil en el combate a la corrupción y concentrar el poder en manos del gobierno.
En paralelo a la reforma del SNA, Morena impulsa una reforma al sistema de fiscalización, que busca reducir los plazos en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega sus informes. La propuesta de Ramírez Cuéllar contempla la presentación de un solo informe individual en agosto, en lugar de dos informes individuales en junio y octubre, así como la entrega del informe general ejecutivo el 20 de enero, en lugar del 20 de febrero.
Además, se propone eliminar la posibilidad de reelección del auditor superior de la Federación y del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, y establecer que la elección del auditor superior se realice a través de foros de consulta con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Se busca también prohibir los vínculos familiares entre titulares de auditorías y la administración pública, así como entre trabajadores de la ASF y servidores públicos, y establecer que la toma de decisiones en la Auditoría Superior sea colegiada.
La reforma al Congreso, otro componente clave de la estrategia anticorrupción de Morena, busca fortalecer la fiscalización de ambas cámaras legislativas, a las que Ramírez Cuéllar describe como viviendo “en una burbuja y en un paraíso” inaceptable. Se propone que el Congreso de la Unión y los cuerpos legislativos de las entidades federativas sean sujetos a una mayor revisión, ejerzan mayor transparencia en sus gastos y que los diputados y senadores estén bajo la lupa de los ciudadanos.
La reforma electoral, que se considera complementaria a la reforma anticorrupción, se centrará en la fiscalización de los partidos políticos, el control del financiamiento y los gastos de campaña, y el establecimiento de mayores sanciones para aquellos candidatos y partidos que reciban dinero ilícito. Ramírez Cuéllar enfatiza que la reforma electoral debe buscar el blindaje del poder político sobre el poder criminal, y que es fundamental garantizar mayores penalizaciones para aquellos que se financien con recursos de origen ilícito.
En resumen, la reforma anticorrupción de Morena representa un cambio radical en la estrategia del gobierno para combatir la corrupción. Si bien la propuesta busca fortalecer las instituciones anticorrupción y erradicar la infiltración del crimen organizado, también ha generado preocupación por la posible erosión de la transparencia, la limitación de la participación ciudadana y la concentración del poder en manos del gobierno. El debate sobre esta reforma promete ser intenso y polarizado, y su resultado tendrá un impacto significativo en el futuro del combate a la corrupción en México. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la necesidad de fortalecer las instituciones y la importancia de preservar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
