La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por cargos de corrupción, ha sido eclipsada por una preocupante escalada de censura por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ecuador. En un contexto ya tenso por la creciente violencia y el estado de conflicto armado interno, las autoridades están implementando una política de acreditación selectiva para periodistas, negando el acceso a aquellos considerados “incómodos” o que hayan publicado investigaciones críticas. Esta práctica, que se ha hecho pública a través de documentos oficiales y testimonios de periodistas afectados, levanta serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la libertad de prensa y el derecho a la información.
El primer caso documentado involucra a Paúl Romero, periodista de la cadena TV Ecuavisa. Romero fue bloqueado el pasado 26 de enero mientras intentaba cubrir el 31º aniversario de la Guerra del Cenepa contra Perú. Cuatro oficiales le impidieron acercarse al ministro de Defensa y a la cúpula militar, argumentando que sus preguntas podrían estar relacionadas con reportajes previos. Estos reportajes, según el periodista, investigaban una presunta compra irregular de radares por valor de 24 millones de dólares por parte del Ejército del Aire.
“Me explicaron que tengo prohibido acercarme al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Armadas porque probablemente les voy a preguntar datos e información de unos reportajes que había publicado días atrás”, declaró Romero a nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson. La explicación oficial, aunque velada, confirma las sospechas de una represalia directa contra el periodista por su trabajo investigativo.
Dos días después del incidente en la pista de aviación, documentos internos del Ministerio de Defensa revelaron la existencia de una política formal de evaluación y calificación de medios de comunicación y periodistas. Las oficinas de relaciones públicas tienen la tarea de determinar quiénes son acreditados y quiénes son censurados, basándose en un sistema de puntuación que evalúa la “aptitud” de los periodistas para cubrir actividades militares.
Romero denuncia que este sistema es una herramienta para “blindar la información” y proteger la imagen institucional a toda costa. “Imagínate el nivel de peligro en esa matriz del Ministerio de Defensa que te califican sobre 100 puntos. Si tú haces un trabajo que perjudique la imagen institucional, ya no eres apto. Estamos ante una violación evidente del derecho a la información”, afirmó el periodista.
La justificación ofrecida por las Fuerzas Armadas para esta política es que se trata de una medida necesaria en tiempos de conflicto armado interno. Argumentan que tienen derecho a evaluar a los periodistas para garantizar la seguridad de las operaciones militares y evitar la difusión de información que pueda poner en riesgo a las tropas. Sin embargo, esta justificación es ampliamente cuestionada por organizaciones de defensa de la libertad de prensa y por la propia Constitución ecuatoriana.
La Constitución de Ecuador garantiza el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Las Fuerzas Armadas, como institución que utiliza fondos públicos, están sujetas a la supervisión ciudadana y no pueden erigirse por encima de la ley. La censura selectiva de periodistas es una práctica antidemocrática que socava los principios fundamentales de un estado de derecho.
La situación en Ecuador es particularmente preocupante en un momento en que el país se enfrenta a una creciente ola de violencia relacionada con el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. La transparencia y el acceso a la información son cruciales para que la ciudadanía pueda comprender la magnitud del problema y exigir soluciones a las autoridades. La censura, por el contrario, solo sirve para alimentar la desconfianza y la especulación.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han expresado su preocupación por la situación en Ecuador y han instado al gobierno a respetar la libertad de prensa y a garantizar el acceso a la información. RSF ha recordado que la censura es una herramienta utilizada por regímenes autoritarios para silenciar a la oposición y controlar la narrativa pública.
El caso de Paúl Romero no es aislado. Otros periodistas han denunciado haber sido objeto de intimidación y hostigamiento por parte de las autoridades. La implementación de esta política de acreditación selectiva podría tener un efecto escalofriante en el periodismo ecuatoriano, llevando a la autocensura y a la disminución de la cobertura crítica sobre temas sensibles.
La detención del alcalde Álvarez, aunque importante en sí misma, ha servido como telón de fondo para una maniobra más amplia de control de la información. La censura de periodistas es una señal de alarma que debe ser atendida con urgencia por la comunidad internacional y por la sociedad ecuatoriana. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y no puede ser sacrificada en nombre de la seguridad o la conveniencia política.
La situación exige una respuesta firme por parte del gobierno ecuatoriano. Es necesario que se investiguen las denuncias de censura, que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan trabajar libremente y que se respete el derecho de la ciudadanía a estar informada. De lo contrario, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un país donde la verdad es un privilegio reservado para aquellos que están en el poder.
