La modificación sorpresiva del artículo 128 en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que se debate en el Senado, ha desatado una fuerte polémica y encendido las alarmas en el sector empresarial. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ha alzado la voz, denunciando lo que consideran una potencial “impunidad” y una “doble garantía” para que ciertas organizaciones continúen recaudando fondos millonarios sin una rendición de cuentas pública clara y transparente.
El foco de la controversia reside en los cambios introducidos a la Ley 14.250, que regulan los aportes sindicales y patronales. A partir del 1 de enero de 2028, las llamadas “cuotas solidarias” –descuentos sindicales aplicados a trabajadores no afiliados– dejarán de ser obligatorias, requiriendo el consentimiento expreso e individual de cada trabajador para su deducción. Esta medida, en principio, podría interpretarse como una defensa de la libertad individual y la autonomía del trabajador. Sin embargo, la CADAM y otras entidades empresariales argumentan que, combinada con otros aspectos del artículo 128, podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes y a la perpetuación de un sistema de financiamiento opaco.
El artículo también establece límites a las contribuciones: un máximo del 0,5% para aportes patronales a cámaras empresariales y un tope del 2% para sindicatos. Si bien la limitación de los porcentajes podría parecer un avance, los empresarios advierten que reaviva los cuestionamientos sobre el destino y la administración de estos fondos, especialmente considerando la falta de mecanismos de control efectivos.
La CADAM denuncia un claro conflicto de intereses en el caso de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estas entidades, según la cámara, participan activamente en las negociaciones paritarias, al mismo tiempo que son beneficiarias de los aportes obligatorios canalizados a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
El aporte obligatorio al INACAP, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, aplicado sobre un universo estimado de 1,2 millones de trabajadores del sector Comercio, representa una suma considerable. La CADAM denuncia que estos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME, bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional. La crítica central es que estas entidades, al actuar como parte central de la negociación paritaria, se benefician directamente de los aportes obligatorios, creando una situación de potencial conflicto de intereses.
La preocupación se agudiza ante el hecho de que, con cada aumento salarial, la recaudación de la CAC y la CAME aumenta automáticamente, sin que exista una correlación directa con un incremento proporcional en la capacitación o en los servicios prestados a los trabajadores.
En el marco de una causa judicial, el propio INACAP reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, pero no ha proporcionado un desglose detallado de cómo se destinan estos fondos. La falta de transparencia en cuanto al uso de los recursos ha generado sospechas sobre si una parte significativa se destina a gastos administrativos, viáticos, viajes o incluso actividades políticas, en lugar de a la capacitación y el desarrollo profesional de los trabajadores.
La CADAM y otras entidades empresariales también cuestionan la falta de trazabilidad de los recursos y la existencia de organizaciones de dudosa representatividad, algunas de las cuales, según denuncian, representan ámbitos muy acotados o sectoriales, lo que pone en duda la legitimidad de su derecho a recibir aportes obligatorios.
Dirigentes de la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria, la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras, han expresado sus reclamos ante el Congreso, solicitando una revisión exhaustiva del artículo 128 y una mayor transparencia en la gestión de los fondos sindicales y patronales.
El texto en discusión establece que los aportes o contribuciones especiales previstos en los convenios colectivos a asociaciones sindicales no podrán superar el 2% de las remuneraciones. Además, a partir de enero de 2028, los aportes patronales especiales en beneficio de cámaras o asociaciones empresariales tendrán carácter estrictamente voluntario, sin posibilidad de imponerlos mediante cláusulas convencionales. Esta última disposición, si bien podría interpretarse como un avance en la defensa de la libertad empresarial, es vista con recelo por la CADAM, que teme que pueda debilitar la capacidad de las cámaras empresariales para negociar colectivamente y defender los intereses de sus asociados.
Asimismo, no serán obligatorios para empleadores que no sean socios o asociados a las cámaras beneficiarias, lo que podría generar una fragmentación del sistema de representación empresarial y dificultar la búsqueda de acuerdos paritarios consensuados.
La controversia en torno al artículo 128 pone de manifiesto la necesidad de una reforma laboral integral que aborde de manera efectiva los problemas de transparencia, rendición de cuentas y representatividad en el ámbito sindical y empresarial. La CADAM y otras entidades empresariales instan al Senado a reconsiderar la modificación introducida a último momento y a promover un debate abierto y constructivo que permita encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados, garantizando un sistema laboral justo, equitativo y transparente. El futuro de la reforma laboral y la confianza en las instituciones están en juego.
