Dilley, Texas – Lo que las autoridades federales estadounidenses denominan un “centro residencial familiar” es, en realidad, un complejo de detención donde cientos de familias migrantes, muchas de ellas con niños pequeños, languidecen durante meses a la espera de una resolución a sus solicitudes de asilo. Las denuncias de condiciones insalubres, falta de atención médica adecuada y un trato deshumanizante han generado una creciente indignación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes.
Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la frontera con México, el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, operado por la firma privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), puede albergar a unas 2.000 personas. Este centro, junto con otro similar en el condado de Karnes, se ha convertido en un símbolo de las políticas de inmigración restrictivas implementadas durante la administración de Donald Trump, y que, a pesar del cambio de gobierno, persisten con modificaciones.
El caso de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años detenido con su padre en Mineápolis, ilustra la situación precaria en la que se encuentran muchas familias. Aunque fueron liberados tras la intervención de un juez, aún enfrentan el riesgo de deportación. Javier Hidalgo, director legal de la organización humanitaria RAICES, explica que la detención de familias que cumplen con sus obligaciones legales y están en proceso de asilo es una práctica común. “Históricamente, los solicitantes de asilo han esperado su trámite en libertad. Ahora, la detención se ha convertido en la norma, incluso para aquellos que no representan una amenaza”, afirma Hidalgo.
A través de RAICES, la AFP ha tenido acceso a testimonios desgarradores de personas que permanecen detenidas en Dilley. W., una mujer haitiana de 34 años, relata las condiciones inhumanas en las que ella y su hijo de dos años viven desde octubre de 2025. “Mi hijo y yo estamos en prisión, no tenemos privacidad. Las luces están encendidas día y noche, incluso cuando dormimos. No tenemos acceso a agua embotellada ni a atención médica adecuada”, declara W. en una declaración a RAICES.
Las condiciones sanitarias en Dilley son motivo de grave preocupación. W. relata incidentes alarmantes, como el hallazgo de insectos en la comida servida a los detenidos. “Una vez hubo reclamos porque sirvieron brócolis con bichos dentro. Tuvo que venir la seguridad a calmar a la gente”, cuenta.
La falta de atención médica adecuada es otro problema recurrente. Diana, una madre colombiana cuya hija de 10 años padece la enfermedad de Hirschsprung, un mal funcionamiento de los intestinos, denuncia que la dieta inadecuada en Dilley agrava la condición de su hija. “A veces solo hay frituras, algo que su cuerpo no tolera y le provoca vómitos. Pedí ayuda para mejorar la dieta, pero la doctora me dijo que ellos no estaban allí para darme comodidad, que estaba detenida y que su única responsabilidad es que no pasáramos hambre”, afirma Diana.
Crislane, una mujer haitiana de 40 años, fue detenida junto a sus tres hijos en Nueva York en agosto de 2025, a pesar de tener permiso de trabajo, pagar impuestos y de que sus hijos asistían a la escuela. “Es muy difícil dormir aquí, las luces nunca se apagan y el ruido no termina”, se lamenta Crislane.
El centro de Dilley alberga a familias de diversas nacionalidades, incluyendo Azerbaiyán, Kirguistán, China, Camerún, Rusia, Honduras y Venezuela, todas ellas atrapadas en un limbo legal.
CoreCivic, la empresa que administra el centro, defiende sus prácticas, afirmando que “la salud y la seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado son la máxima prioridad”. Sin embargo, para Hidalgo, de RAICES, la intención real es “forzar a las familias a que renuncien a su proceso de asilo y acepten la deportación”.
El caso de una familia egipcia, compuesta por una madre y sus cinco hijos, es particularmente alarmante. Han permanecido detenidos en Dilley durante ocho meses, mientras las autoridades investigan si el padre, Mohamed Soliman, estuvo involucrado en un supuesto atentado contra una manifestación pro-Israel en Colorado. La hija mayor, Habiba, de 18 años, escribió una carta publicada por su abogado, Eric Lee, expresando su angustia y su desconocimiento sobre los planes de su padre.
Las condiciones de vida en Dilley también han afectado la salud de los niños. Uno de los hermanos de Habiba sufrió una apendicitis y, según su abogado, Chris Godshall-Bennett, “pasaron días hasta ser atendido e incluso le dijeron que tomara tylenol”.
La desesperación y la angustia son palpables entre las familias detenidas. W., la mujer haitiana, confiesa que todas las mañanas despierta angustiada. “Lloro todo el tiempo y mi hijo seca mis lágrimas. Oficiales de ICE han llegado y me han pedido que firme mi deportación, pero quiero pelear mi caso. Aún no sé por qué estoy aquí”, dice con voz quebrada.
La situación en Dilley plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Las denuncias de condiciones insalubres, falta de atención médica y trato deshumanizante exigen una investigación exhaustiva y una revisión urgente de las políticas de inmigración que han llevado a esta crisis humanitaria. Mientras tanto, las familias atrapadas en Dilley siguen esperando, con la esperanza de que sus sueños de una vida mejor no se desmoronen en las paredes de esta prisión familiar.
