Montevideo, Uruguay – La Justicia uruguaya ratificó este jueves la prisión preventiva para los siete militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en el marco de la investigación por el secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier en las décadas de 1980 y 1984. La decisión, que extiende la medida cautelar por 180 días, responde a la preocupación por el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados, según fuentes judiciales.
El caso, que ha mantenido en vilo a la opinión pública uruguaya, se remonta a los operativos militares llevados a cabo en San Javier, una localidad rural de Uruguay, donde se documentaron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Los militares, ya condenados en primera instancia, habían sido inicialmente sometidos a prisión domiciliaria, con la excepción de Ivo Morales y Héctor Caubarrere, quienes ya se encontraban detenidos.
Sin embargo, la Fiscalía, a cargo del especialista en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, apeló la decisión de prisión domiciliaria, argumentando que la condena, aunque no firme, incrementaba significativamente el riesgo de fuga. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno dio la razón a la Fiscalía el 31 de diciembre pasado, revocando la prisión domiciliaria y ordenando el encarcelamiento efectivo de los siete militares.
La resolución del Tribunal de Apelaciones se basó en la evaluación de los riesgos procesales, destacando el “peligro de fuga, que comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo”. Los ministros del tribunal argumentaron que la existencia de una condena no firme podía operar como un factor motivante para que los acusados se sustrajeran al proceso judicial, eludiendo así sus responsabilidades.
Además, se consideró que el riesgo de fuga no era un riesgo “vago o genérico, sino concreto y específico”, que no podía ser neutralizado con medidas ambulatorias. La gravedad de los hechos, caracterizados por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, también fue un factor determinante en la decisión.
Los militares condenados son Óscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz. Las penas impuestas oscilan entre los 11 y los 15 años y seis meses de prisión.
La ratificación de la prisión preventiva, anunciada este jueves por el canal 10 (Subrayado), confirma la firmeza de la Justicia uruguaya en la persecución de los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, el caso aún no está cerrado. Los abogados defensores de los militares han anunciado que apelarán nuevamente la decisión, buscando la liberación de sus clientes.
Uno de los casos más emblemáticos vinculados a esta investigación es el del médico Juan Roslik, detenido y torturado hasta la muerte en abril de 1984 por efectivos del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. La brutalidad de su asesinato, con evidencias de que le partieron el hígado y presentaba fluidos en los pulmones, conmocionó a la sociedad uruguaya.
Si bien la causa contra los militares no juzgó directamente las responsabilidades por el homicidio de Roslik, sí abordó dos causas conexas: una detención del médico en 1980, durante la cual también fue torturado, y las torturas sufridas por otros detenidos en la redada de 1984 que culminó con la muerte de Roslik.
La imposibilidad de juzgar el homicidio de Roslik en la esfera penal se debió a una resolución de la Suprema Corte de Justicia en 2021, que determinó que el caso ya había sido juzgado y resuelto por la Justicia Militar. Esta decisión generó controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que consideraron que se estaba impidiendo el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.
La investigación y el juicio de los militares responsables de las torturas y los crímenes cometidos en San Javier representan un paso importante en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura uruguaya. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación nacional aún es largo y complejo, y requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.
La decisión de mantener la prisión preventiva de los militares condenados envía un mensaje claro de que los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes en Uruguay. La Justicia uruguaya, a pesar de las dificultades y los obstáculos, sigue trabajando para garantizar que los responsables de estos horrores rindan cuentas ante la ley y que las víctimas y sus familiares puedan obtener el reconocimiento y la reparación que merecen. El caso continúa siendo monitoreado de cerca por organizaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional, que esperan que se haga justicia en este emblemático caso de la dictadura uruguaya.
