La Interpol ha sido acusada de permitir que Rusia abuse de su sistema de alertas internacionales para perseguir a críticos, opositores políticos, empresarios y periodistas, utilizando las notificaciones rojas y difusiones rojas como herramientas de represión transnacional. Una filtración masiva de documentos internos de la organización, obtenida por el Servicio Mundial de la BBC y la plataforma francesa de periodismo investigativo Disclose, revela un patrón preocupante de solicitudes de arresto con motivaciones políticas, y pone en duda la efectividad de los controles implementados por la Interpol para prevenir este abuso.
La investigación se basa en miles de archivos proporcionados por un informante dentro de la Interpol, que exponen el alcance del aparente uso indebido de la agencia de policía internacional por parte de Moscú. Los documentos muestran que, en la última década, la unidad independiente de reclamos de la Interpol ha recibido más quejas sobre Rusia que sobre cualquier otro país, superando en tres veces el número de reclamos recibidos contra Turquía, el segundo país con más quejas. Además, un porcentaje significativamente mayor de casos relacionados con solicitudes rusas han sido anulados tras la revisión de estas quejas, lo que sugiere una alta probabilidad de abuso.
Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, la Interpol introdujo análisis adicionales de la actividad de Moscú con el objetivo de prevenir el uso indebido de sus canales para la persecución de individuos dentro o fuera del conflicto. Sin embargo, los documentos filtrados indican que estas medidas de control no fueron suficientes para detener el abuso, y que algunas de las restricciones más estrictas fueron retiradas discretamente en 2025.
La Interpol, en respuesta a las acusaciones, defendió su sistema, afirmando que cada año ayuda a arrestar a miles de criminales peligrosos en todo el mundo y que ha fortalecido sus mecanismos para prevenir el uso indebido de sus canales. La organización también reconoció ser consciente del posible impacto que las solicitudes de arresto pueden tener en las personas afectadas.
El caso de Igor Pestrikov, un empresario ruso, ilustra vívidamente el impacto devastador de estas solicitudes de arresto. Pestrikov, un antiguo accionista de importantes empresas metalúrgicas rusas, huyó de Rusia en junio de 2022, después de la invasión de Ucrania, y solicitó asilo en Francia. Descubrió que había sido incluido en una difusión roja de la Interpol, lo que cambió radicalmente su vida.
"Cuando te golpean con una notificación roja, tu vida cambia completamente", declaró Pestrikov. La difusión roja le impidió alquilar un apartamento, acceder a sus cuentas bancarias y vivir con normalidad. Se vio obligado a elegir entre entregarse a las autoridades y arriesgarse a ser arrestado, o mantener un perfil bajo y vivir con el constante temor de ser detenido. Su hija y la madre de esta se mudaron a otro país por seguridad.
Pestrikov cree que su negativa a ceder a las presiones del gobierno ruso para redirigir sus ventas al mercado interno, sumado al hecho de que su esposa es ucraniana, fueron las razones detrás de la nacionalización de sus empresas y la investigación por crímenes financieros. Temía que el Kremlin intentara perseguirlo en Francia, por lo que contactó a la Interpol y fue informado sobre la difusión roja.
Pestrikov desafió la difusión roja a través de la Comisión para el Control de los Archivos de la Interpol (CCF), argumentando que la solicitud de Rusia tenía motivaciones políticas. La constitución de la Interpol prohíbe explícitamente el uso de la organización para fines políticos, militares, religiosos o raciales.
Después de casi dos años en la lista de los más buscados, la CCF dictaminó que el caso de Pestrikov era predominantemente político. Los documentos de la CCF revelaron que la información proporcionada por Rusia era "genérica y expresada como una fórmula", y que no había una "explicación insuficiente" del presunto crimen. La Interpol canceló la solicitud de detención de Pestrikov.
La falta de transparencia de la Interpol dificulta la evaluación completa del alcance del problema. La agencia solo proporciona información básica sobre solicitudes ilegítimas de arresto y no revela qué países son objeto de las quejas e investigaciones desde 2018. Sin embargo, los documentos filtrados ofrecen una visión más completa de la situación.
Los archivos revelan que en la última década, al menos 700 personas solicitadas por Rusia se han quejado ante la CCF, y al menos 400 de ellas han visto revocadas sus notificaciones o difusiones rojas. El abogado británico Ben Keith, quien ha representado a numerosos clientes que buscan ser eliminados de las listas de la Interpol, afirma que "históricamente Rusia ha sido uno de los principales responsables de notificaciones rojas abusivas".
Keith cree que la Interpol tiene un problema particular con Rusia y que sus intentos de prevenir el abuso no han sido exitosos. El abogado Yuriy Nemets, especializado en temas de la Interpol y extradiciones, coincide en que el escrutinio adicional a las solicitudes de arresto emitidas por Rusia, introducido tras la invasión de Ucrania, no ha sido efectivo.
Además de la información sobre notificaciones y quejas, la fuente interna de la Interpol proporcionó a la BBC miles de mensajes intercambiados entre países a través del sistema de mensajería de la Interpol, revelando una ruta menos formal para rastrear a personas en el extranjero. Un mensaje de Moscú a agentes de la ley en Abu Dhabi solicitaba ayuda para localizar a una persona, a pesar de que la Interpol había rechazado una solicitud para emitir una notificación roja.
La filtración también contiene un mensaje sobre Armen Aramyan, un periodista que huyó de Rusia tras ser condenado por informar sobre protestas estudiantiles a favor del líder opositor Alexei Navalny. El mensaje de Rusia a las autoridades de seguridad de Armenia y Alemania solicitaba "cualquier información útil" sobre Aramyan, evitando los procesos formales para la emisión de notificaciones rojas.
Aramyan, al ver el mensaje, expresó su sorpresa, pero no su incredulidad. "No creo que esperaran que Alemania me enviara mi dirección y número de teléfono y me extraditara, pero si hubieran podido obtener al menos un poco de información, eso habría sido valioso para ellos".
Los reportes internos de la Interpol de 2024 y 2025 muestran una preocupación constante por las actividades de Rusia. En uno de ellos, un alto cargo expresó "preocupaciones serias" sobre el "uso indebido e intencionado" de los sistemas de la Interpol, señalando casos de "violaciones flagrantes" de las normas de la organización.
A pesar de las restricciones adicionales contra Rusia, los reportes indican que aproximadamente el 90% de las solicitudes rusas seguían pasando los controles iniciales en 2024. Sin embargo, en el mismo período, la CCF revocó aproximadamente la mitad de todas las solicitudes rusas sobre las que había recibido quejas.
La filtración también revela que en 2024, Rusia intentó emitir difusiones rojas contra jueces y un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que este tribunal emitiera órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y una funcionaria del gobierno por sus acciones en Ucrania. Estas solicitudes fueron rechazadas.
El informante reveló que en 2025 la Interpol retiró discretamente algunas de las medidas adicionales contra Rusia, aunque no está claro el alcance de esta relajación. La Interpol se negó a hacer comentarios sobre este asunto, citando sus "estrictas normas en el tratamiento de la información".
Los abogados Nemets y Keith coinciden en que la Interpol debería tomar medidas más enérgicas para prevenir el uso indebido de sus sistemas, incluyendo la suspensión temporal del acceso de los países que abusan sistemáticamente del sistema. La investigación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la Interpol a la manipulación política y la necesidad urgente de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
