El presidente Bernardo Arévalo ha anunciado un cambio radical en el proceso de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), marcando una ruptura con las prácticas de los gobiernos anteriores. A diferencia de las tres últimas designaciones ejecutivas, caracterizadas por el clientelismo y la falta de transparencia, Arévalo ha prometido un proceso abierto y basado en la meritocracia, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial y la democracia en Guatemala.
El anuncio, realizado durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, detalla que el próximo 9 de enero se publicará la convocatoria para que profesionales del derecho interesados en ocupar los cargos de magistrado titular y suplente por parte del Ejecutivo presenten sus candidaturas. Esta medida representa un retorno a las prácticas implementadas durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), cuando se realizó una convocatoria pública similar.
La designación de los magistrados de la CC es un proceso complejo, en el que participan la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (Cang). Sin embargo, la designación del Ejecutivo ha sido históricamente la más controvertida, según el Movimiento Projusticia, debido a la opacidad y a las conexiones entre los magistrados electos y los presidentes de turno.
Informes del Movimiento Projusticia documentan la falta de convocatorias abiertas y metodologías transparentes en los procesos de selección de los últimos tres gobiernos. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), Gloria Patricia Porras Escobar y Héctor Efraín Trujillo Aldana fueron designados a pesar de las críticas por sus vínculos con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y con figuras políticas cuestionadas. La designación se realizó a puerta cerrada, sin participación ciudadana.
La administración de Jimmy Morales (2016-2020) continuó con esta tendencia, nombrando a Dina Josefina Ochoa Escribá y Henry Philip Comte Velásquez, a pesar de las señalamientos en contra de Ochoa por favorecer a acusados de delitos graves. Morales anunció los nombres en cadena nacional, pero sin presentar un proceso de selección transparente.
El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) siguió el mismo patrón, designando a Leyla Susana Lemus Arriaga y Juan José Samayoa Villatoro, en una elección criticada por ser a dedo y por la falta de idoneidad de los candidatos.
Ante este panorama, la decisión de Bernardo Arévalo de abrir un proceso de selección transparente ha sido recibida con optimismo por la sociedad civil y por expertos en derecho. Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, calificó la medida como muy buena y la comparó con las prácticas de Óscar Berger. Ibarra enfatizó la importancia de elegir profesionales comprometidos con la democracia, el respeto por el orden constitucional y la honorabilidad.
El exconstituyente Roberto Alejos también se mostró favorable a la decisión, destacando el enfoque participativo y abierto del presidente Arévalo. Alejos subrayó la necesidad de cambiar los mecanismos de elección en todos los órganos que designan magistrados constitucionales, proponiendo una reforma constitucional para transparentar el proceso.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, aseguró que el proceso de selección se ajustará a los parámetros de la Constitución y a la Ley de Amparo. Guerrero afirmó que el presidente Arévalo buscará el mejor perfil para los magistrados, priorizando la idoneidad, el respeto por la Constitución y el bien común.
El anuncio del presidente Arévalo se produce en un momento crucial para Guatemala, donde la confianza en las instituciones judiciales se encuentra en un nivel bajo. La elección de magistrados independientes y competentes es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La convocatoria pública, que se publicará el 9 de enero, permitirá a los profesionales del derecho interesados presentar sus candidaturas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley de Amparo. El proceso de selección estará marcado por la brújula ética , según palabras del presidente Arévalo, garantizando que los candidatos elegidos respondan a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala, y no a intereses particulares.
El anuncio del 13 de marzo de los nombres de los magistrados designados por el Ejecutivo será un momento clave para evaluar el compromiso del presidente Arévalo con la transparencia y la independencia judicial. La sociedad guatemalteca espera que esta nueva etapa marque un punto de inflexión en la administración de justicia y contribuya a fortalecer la democracia en el país. La expectativa es alta, y la atención se centra en la capacidad del gobierno para llevar a cabo un proceso de selección justo, transparente y basado en el mérito, que restaure la confianza en la Corte de Constitucionalidad y en el sistema judicial en su conjunto. La reforma constitucional propuesta por los exconstituyentes, que busca transparentar la elección de magistrados de la CC, la CSJ y las salas de apelaciones, podría ser un paso fundamental para consolidar estos avances y garantizar la independencia judicial a largo plazo.
