Más de 200 familias en la comunidad de La Paz, en el distrito de Chilibre, se encuentran virtualmente aisladas tras el cierre del acceso principal a su comunidad por parte del propietario de un terreno adyacente. La situación, que ha escalado a confrontaciones verbales y físicas, pone de manifiesto la problemática de la titulación de tierras y la planificación urbana en la zona, donde la mayoría de las viviendas carecen de documentos legales que respalden su propiedad.
El conflicto se originó cuando el dueño del terreno, quien posee los títulos de propiedad correspondientes, decidió bloquear el paso que los vecinos utilizaban desde hace aproximadamente 80 años. Según el representante de la comunidad, Josimar Camaño, la situación no es nueva y se remonta a gobiernos anteriores, pero se agudizó este fin de semana cuando el propietario procedió a destruir el antiguo puente que facilitaba el acceso, dejando a los residentes sin una vía de comunicación directa.
“La gente se mudó aquí en tiempos de invasiones, sin papeles ni nada. Solo una de cada diez casas tiene título”, explicó Camaño, quien detalló que el cierre del paso ha generado un clima de tensión y desesperación entre los vecinos. “Hubo gritos, empujones y hasta violencia. La gente está desesperada porque no puede salir a trabajar, los niños no pueden ir a la escuela, y los servicios básicos se ven interrumpidos”.
La raíz del problema radica en la falta de planificación urbana y la informalidad en la que se desarrolló gran parte de Chilibre. Con una población estimada de 50 mil habitantes distribuidos en 62 comunidades informales, el distrito enfrenta un déficit significativo en la titulación de tierras, afectando al 80-90% de las viviendas. Esta situación, según Camaño, se repite en otras zonas de la ciudad y es consecuencia de políticas pasadas que permitieron la entrega indiscriminada de terrenos sin la debida regulación.
Ante esta crisis, se ha propuesto como solución la construcción de un nuevo camino en un terreno perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP). La idea consiste en abrir una trocha, cortar algunos árboles de manera controlada y construir un nuevo puente con concreto, utilizando recursos del Municipio y la colaboración de empresas privadas. La Junta Comunal de Chilibre ha manifestado su disposición para iniciar los trabajos de inmediato.
Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida con unanimidad por los vecinos. Algunos se oponen a la construcción de un nuevo camino, argumentando que desean seguir utilizando la vía tradicional que han empleado durante décadas. “¡Ese es nuestro camino de siempre!”, exclamaron algunos residentes, mostrando su rechazo a la alternativa propuesta.
Camaño, por su parte, ha insistido en la necesidad de respetar la propiedad privada, aunque comprende el enojo y la frustración de los vecinos. “Han pasado 80 años por ahí, pero ahora llegan con título. Hay que respetar la ley”, afirmó. Advirtió que si no se logra un acuerdo entre las partes, la situación podría escalar a un juicio legal, con consecuencias impredecibles para la comunidad.
El representante de la comunidad hizo un llamado a las autoridades a ordenar el territorio y a regularizar la situación de las tierras en Chilibre, para evitar que se repita la problemática que se vive en otros distritos como San Miguelito. Culpó a los políticos del pasado por haber regalado terrenos sin la debida planificación, generando un caos urbanístico que hoy afecta a miles de familias.
En medio de la crisis, existe un rayo de esperanza. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Autoridad Nacional de Tierras y Catastro (ANATI) han iniciado un programa de titulación de tierras en Chilibre, con la apertura de una nueva oficina en el distrito. Esta iniciativa podría ser la solución para regularizar la situación de muchas familias que carecen de títulos de propiedad.
La comunidad de La Paz se encuentra ahora en una encrucijada. Deberá decidir si acepta la construcción de un nuevo acceso o se enfrenta a una costosa y prolongada batalla legal. Mientras tanto, la tensión persiste y el futuro de cientos de familias pende de un hilo. La situación exige una pronta y efectiva intervención de las autoridades para garantizar el derecho a la movilidad y la seguridad jurídica de los residentes de La Paz. La falta de una solución podría generar un conflicto social mayor y perpetuar la informalidad en la zona, obstaculizando el desarrollo y el bienestar de la comunidad.
