Un jurado popular ha declarado culpable al ciudadano peruano acusado del asesinato del canónigo emérito de la Catedral de València, un crimen que conmocionó a la ciudad en enero de 2024. El veredicto, emitido este martes en la Audiencia Provincial de Valencia, establece que el acusado, aunque no fue el autor material directo del asesinato, participó activamente en un plan preestablecido para robar a la víctima y es responsable de su muerte. La sentencia abre un nuevo capítulo en un caso marcado por la violencia, el robo y la revelación de una vida oculta por parte del religioso.
El canónigo, de 80 años, fue encontrado muerto en su cama con signos evidentes de asfixia. La investigación policial se centró rápidamente en el acusado, quien mantenía una relación de amistad con la víctima desde hacía meses. Las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo el posicionamiento del teléfono móvil del acusado en el lugar del crimen en el momento de la muerte, así como imágenes de reintegros y compras realizadas con las tarjetas de la víctima, apuntaron a su implicación en el robo y, posteriormente, en el asesinato.
El jurado, con una mayoría de siete votos a favor y dos en contra, consideró probado que el acusado, en colaboración con una persona aún no identificada, se dirigió al domicilio del canónigo con la intención de robar su teléfono móvil y otros objetos de valor. La muerte del sacerdote, según el veredicto, no fue accidental, sino el resultado de una agresión deliberada. El jurado también determinó que el acusado era consciente de la vulnerabilidad física de la víctima, lo que agrava su responsabilidad en el crimen.
La fiscalía, durante su alegato final, solicitó una pena de veinte años de prisión para el acusado por el delito de asesinato, cinco años adicionales por robo con violencia y otros tres años por un delito continuado de estafa. El abogado defensor, por su parte, argumentó que no existían pruebas directas que vincularan al acusado con el asesinato, insistiendo en que los hechos constituían un delito continuado de estafa y solicitando una pena de un año de cárcel.
El jurado, sin embargo, no se dejó convencer por la defensa. Por unanimidad, dictaminó que el acusado es culpable de haberse apoderado, junto con el autor material del asesinato, de las tarjetas y el teléfono móvil de la víctima para obtener beneficios económicos. Las imágenes aportadas a la causa demostraron que el acusado realizó cuatro reintegros en cajeros y varias compras utilizando los fondos de la víctima. Además, el jurado acordó por unanimidad que no se proponga al Gobierno el indulto de la pena ni ningún beneficio penitenciario para el acusado.
El caso ha trascendido la esfera judicial debido a las revelaciones sobre la vida privada del canónigo. Tras su muerte, surgieron indicios de que el sacerdote podría haber mantenido una vida oculta, alejada de la espiritualidad y la ejemplaridad que se esperaban de un religioso. Vecinos y el conserje del edificio donde residía el canónigo relataron que solía mantener relaciones sexuales con varones a cambio de dinero. Estas revelaciones han añadido una capa de complejidad al caso, sugiriendo que el asesinato podría estar relacionado con esta faceta oculta de la vida del canónigo.
La investigación policial y los testimonios de los vecinos apuntan a que el canónigo mantenía estas relaciones en secreto, lo que podría haberlo convertido en un objetivo para el robo y, finalmente, para el asesinato. La identidad de la persona que presuntamente cometió el acto material del asesinato sigue siendo desconocida, y las autoridades continúan investigando para esclarecer este punto.
El veredicto del jurado popular representa un paso importante en la búsqueda de justicia por el asesinato del canónigo emérito de la Catedral de València. La sentencia final, que será dictada por el juez, determinará la pena que deberá cumplir el acusado. El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores y la importancia de protegerlas de la violencia y el robo. También ha generado un debate sobre la vida privada de los religiosos y la necesidad de mantener la transparencia y la integridad en el ejercicio de su ministerio.
La Audiencia Provincial de Valencia se prepara ahora para la fase de sentencia, donde se determinará la pena final para el acusado. Se espera que la sentencia sea dictada en las próximas semanas, una vez que se hayan considerado todos los factores relevantes del caso, incluyendo la gravedad del delito, la participación del acusado y su historial delictivo. El caso del canónigo emérito de la Catedral de València ha dejado una profunda huella en la ciudad y ha servido como un recordatorio de la importancia de la justicia y la seguridad ciudadana.
