El Gobierno ha aprobado este martes dos nuevos decretos, uno centrado en la revalorización de las pensiones y otro que prorroga el escudo social para evitar desahucios de personas vulnerables, aunque con un alcance significativamente reducido. La medida más controvertida es la limitación de la moratoria de desahucios a viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores, dejando fuera a pequeños propietarios y personas en situación de vulnerabilidad que no se ajusten a este perfil. Esta decisión ha generado una fuerte tensión dentro del espacio político, con Podemos mostrando su abierto rechazo y Sumar aceptando el pacto como un mal necesario para asegurar la aprobación del decreto.
La prórroga del Real Decreto-ley 11/2020, que suspendía los procedimientos de desahucio y lanzamiento para personas vulnerables sin alternativa habitacional, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, pero con una modificación crucial. Ahora, la protección se limita a aquellos inquilinos que ocupan viviendas propiedad de fondos de inversión o grandes tenedores inmobiliarios. Esto significa que los propietarios de uno o dos inmuebles, o aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, ya no estarán sujetos a la moratoria. En estos casos, los servicios sociales competentes serán los encargados de buscar una alternativa habitacional de emergencia para las familias afectadas.
Esta modificación ha sido una exigencia clave del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya para respaldar la convalidación del decreto en el Congreso. El PNV condicionó su apoyo a la protección de los pequeños propietarios, mientras que el Gobierno confía en que Junts, a pesar de no haber participado directamente en la negociación, no obstaculizará la aprobación del decreto con los cambios introducidos.
El nuevo decreto también contempla el refuerzo de las compensaciones para los propietarios, aunque ya en el anterior Consejo de Ministros se había destinado una partida de 300 millones de euros a una línea de avales para cubrir a pequeños arrendadores en caso de impago de alquileres. Esta medida busca paliar las pérdidas económicas que puedan sufrir los propietarios afectados por la situación.
La reacción política a la aprobación del decreto ha sido inmediata y polarizada. Podemos ha expresado su “asco absoluto” por la decisión de excluir a los pequeños propietarios de la prohibición de desahucios, acusando al PSOE de ceder a las presiones de la derecha y de priorizar los intereses de los rentistas sobre las necesidades de las familias vulnerables. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó duramente el pacto, mientras que la eurodiputada Irene Montero denunció que la medida “agiliza los desahucios” y que el PSOE está dando la razón a la derecha.
Por su parte, Sumar ha reconocido que la exclusión de los pequeños propietarios no es ideal, pero ha justificado la decisión como una consecuencia de la compleja aritmética parlamentaria necesaria para aprobar el decreto del escudo social. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, instó a Podemos a evitar las “palabras gruesas” y a comprender la necesidad de llegar a acuerdos para garantizar la protección de las personas vulnerables.
La aprobación de este decreto pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el Gobierno para mantener la cohesión dentro de su coalición y para aprobar medidas sociales en un contexto de tensiones políticas y económicas. La decisión de limitar el alcance del escudo social ha generado un debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inquilinos y la defensa de los intereses de los propietarios.
La situación en La Zapateira, en La Coruña, donde asociaciones vecinales han denunciado la actuación contra okupas, sirve como telón de fondo a este debate. La nueva normativa podría facilitar la recuperación de viviendas ocupadas por parte de propietarios, especialmente aquellos que no se consideren grandes tenedores o fondos de inversión.
El futuro del escudo social y su impacto en la protección de las personas vulnerables dependerá de la evolución de la situación económica y política, así como de la capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios. La polémica generada por este decreto pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio y profundo sobre la política de vivienda en España y sobre la búsqueda de soluciones que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La cuestión de los desahucios sigue siendo uno de los desafíos más urgentes para el Gobierno, y la aprobación de este decreto, lejos de resolver el problema, ha abierto una nueva etapa de tensiones y controversias. La búsqueda de un consenso que proteja tanto a los inquilinos vulnerables como a los propietarios se presenta como una tarea compleja, pero necesaria para garantizar la estabilidad social y económica del país.
