La Fiscalía andaluza ha archivado las denuncias contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía relacionados con las controversias en los programas de detección del cáncer de mama, aunque deja la puerta abierta a investigaciones provinciales y a la posible identificación de responsabilidades individuales. La decisión, basada en un decreto de archivo, considera que no existen indicios de delito por parte de los altos cargos aforados, atribuyendo las irregularidades a errores o deficiencias en el protocolo de cribado.
La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por el Defensor del Paciente, ampliadas posteriormente por dieciséis mujeres afectadas y por los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Estas acusaciones apuntaban a una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo, y a la gerente del Servicio Andaluz de la Salud (SAS), entre otros.
El decreto de la Fiscalía detalla que los problemas detectados se centran en la falta de seguimiento de los casos clasificados como no concluyentes o dudosos . Esto significa que mujeres con resultados inciertos en sus mamografías no recibieron la atención y el seguimiento adecuados, lo que pudo haber retrasado el diagnóstico y tratamiento de posibles cánceres de mama.
Además, la Fiscalía señala otras deficiencias en el protocolo, como la falta de comunicación de los resultados de las pruebas a las pacientes, la ausencia de atención médica por parte de los médicos de atención primaria, y la dificultad para identificar a las afectadas debido a la falta de datos de contacto actualizados en las bases de datos del sistema sanitario. En algunos casos, se constató que las pacientes habían recibido atención en centros privados, lo que complicaba aún más el seguimiento y la coordinación de la atención.
Es crucial entender que el archivo de la causa contra los altos cargos no implica el cierre de todas las investigaciones relacionadas con estos errores. La Fiscalía autonómica ha ordenado el traslado de las diligencias a las fiscalías provinciales para que continúen investigando cada caso individualmente. El objetivo es determinar si los errores cometidos pueden constituir un delito y, en caso afirmativo, identificar a los responsables.
La Fiscalía subraya que cada caso presenta un patrón particular, lo que impide una unificación de las investigaciones. Sin embargo, reconoce una responsabilidad que puede derivar de las deficiencias detectadas. Las fiscalías provinciales deberán realizar las pruebas necesarias en la forma que menos perjudique a las víctimas y en el lugar más cercano a su domicilio, con el fin de facilitar la colaboración de las afectadas y garantizar una investigación exhaustiva.
La decisión de la Fiscalía ha generado reacciones encontradas. El Defensor del Paciente ha expresado su decepción por el archivo de la causa contra los altos cargos, argumentando que la falta de seguimiento de los casos no concluyentes es una negligencia grave que pudo haber tenido consecuencias fatales para muchas mujeres. Por su parte, los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía e Izquierda Unida han criticado la decisión, acusando a la Fiscalía de proteger a los responsables políticos y de minimizar la gravedad de los errores cometidos.
Desde la Junta de Andalucía, se ha acogido con satisfacción el archivo de la causa contra los altos cargos, aunque se ha reafirmado el compromiso de mejorar los programas de detección del cáncer de mama y de garantizar la atención adecuada a todas las mujeres afectadas. La Consejería de Salud ha anunciado que se están implementando medidas para corregir las deficiencias detectadas en el protocolo, como la actualización de las bases de datos de pacientes, la mejora de la comunicación de los resultados de las pruebas, y el refuerzo de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.
El Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, sirve como recordatorio de la importancia de la detección precoz y del tratamiento oportuno de esta enfermedad. En Andalucía, como en otras regiones de España, se llevan a cabo campañas de concienciación y programas de cribado para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, cuando las posibilidades de curación son mayores. Sin embargo, los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad y la eficiencia de estos programas, y de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención sanitaria adecuada.
La investigación de la Fiscalía ha revelado fallos sistémicos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que van más allá de la responsabilidad individual de los altos cargos. La falta de recursos, la mala gestión, y la falta de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales han contribuido a crear un sistema deficiente que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres.
El archivo de la causa contra los altos cargos no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades. Las fiscalías provinciales tienen ahora la tarea de investigar cada caso individualmente y de determinar si se han cometido delitos. Además, es necesario que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad y tome medidas para corregir las deficiencias detectadas en el programa de cribado y para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención sanitaria de calidad.
La lucha contra el cáncer de mama es una tarea que requiere el compromiso de todos: las administraciones públicas, los profesionales sanitarios, las organizaciones de pacientes, y la sociedad en general. Es fundamental invertir en investigación, mejorar la prevención, y garantizar el acceso a un tratamiento adecuado para todas las mujeres afectadas. Solo así podremos avanzar hacia un futuro en el que el cáncer de mama sea una enfermedad cada vez menos frecuente y más curable.
