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El Congreso Nacional de Honduras aprobó en la noche del lunes 2 de febrero una declaratoria de emergencia nacional en el sector salud, una medida urgente impulsada por el Poder Ejecutivo para abordar la profunda crisis que azota la red hospitalaria pública del país. La situación se caracteriza por una alarmante mora quirúrgica, que afecta a miles de pacientes, y un desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales.
La denominada Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, compuesta por 11 artículos, establece un estado de emergencia a nivel nacional por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado si el Ejecutivo lo solicita y el Legislativo lo aprueba. Esta normativa otorga al gobierno la facultad de implementar mecanismos excepcionales, urgentes y temporales para agilizar los procesos de contratación, compra y prestación de servicios sanitarios, buscando una respuesta rápida y efectiva a las necesidades apremiantes del sistema de salud.
La ley autoriza la suscripción de fideicomisos, convenios con entes públicos, contratos con proveedores privados, tanto nacionales como internacionales, y acuerdos con organizaciones no gubernamentales. El objetivo principal es mejorar el acceso a cirugías, medicamentos e insumos médicos en los 18 departamentos de Honduras, buscando aliviar la carga sobre los hospitales públicos y garantizar la atención a la población. Se estima que entre 13,000 y 15,000 pacientes se encuentran actualmente en lista de espera para una intervención quirúrgica, una cifra que refleja la magnitud del problema.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Kilvett Bertrand y aprobada con dispensa de los dos debates habituales, lo que demuestra la urgencia percibida por el Congreso Nacional. Horas antes de la votación, el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, quien también lidera la gestión de la Secretaría de Salud con el apoyo de sus tres designados presidenciales, solicitó formalmente el respaldo legislativo para la emergencia sanitaria, enfatizando la necesidad de tomar medidas drásticas para revertir la situación.
La aprobación de esta ley ha generado reacciones encontradas en el sector salud. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, reconoció los avances que representa la medida, pero también advirtió sobre los desafíos clave que se deben abordar para garantizar su éxito. En una entrevista con el noticiero TN5 Matutino de Canal 5, Santos destacó la importancia de establecer un límite temporal a la ley, evitando que se prolongue indefinidamente sin una supervisión adecuada por parte del Congreso.
Santos subrayó la necesidad de implementar mecanismos de control y veeduría transparentes, con la presentación de informes periódicos al Congreso Nacional, y valoró positivamente la inclusión de organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) como observadores del proceso. “Es importante que las cosas se hagan bien y también parezcan bien”, afirmó, enfatizando la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
El titular del CMH insistió en que la solución a la crisis no pasa únicamente por contratar quirófanos privados, ya que la Secretaría de Salud cuenta con la mayor cantidad de salas quirúrgicas del país. El problema fundamental, según Santos, radica en la falta de personal médico, de enfermería y técnico especializado, especialmente en áreas críticas como anestesia, cirugía, oncología y ortopedia. La escasez de profesionales de la salud limita la capacidad de los hospitales públicos para atender la demanda de pacientes y realizar las cirugías necesarias.
Además, reiteró que el desabastecimiento de medicamentos es un problema estructural asociado a la Ley de Contratación del Estado, que somete la compra de fármacos esenciales a los mismos trámites burocráticos que las adquisiciones administrativas, generando retrasos de hasta un año. Esta situación obliga a los pacientes a esperar meses para recibir los medicamentos que necesitan, lo que puede tener consecuencias graves para su salud.
Para el gremio médico, la clave del éxito del decreto será la elaboración de un reglamento consensuado, que involucre a todos los actores relevantes del sector salud, la contratación efectiva de recurso humano calificado y la garantía de que los derechos laborales de los trabajadores de la salud no sean vulnerados. “Lo que todos queremos es que esta ley no fracase y que la población reciba la atención que necesita”, concluyó Santos, expresando la esperanza de que la medida pueda contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud en Honduras.
La implementación de esta ley representa un desafío significativo para el gobierno de Nasry Asfura, que deberá demostrar su capacidad para gestionar los recursos públicos de manera eficiente y transparente, y para abordar los problemas estructurales que aquejan al sistema de salud hondureño. La población estará atenta a los resultados de esta medida, esperando que se traduzca en una mejora real en el acceso a la atención médica y en la calidad de los servicios de salud. El futuro de la salud pública en Honduras podría depender del éxito de esta iniciativa.
