La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asestado un duro golpe al Grupo Repsol, imponiendo multas por un total de 20,5 millones de euros a varias de sus filiales por prácticas comerciales consideradas abusivas y contrarias a la normativa de competencia. La decisión, que ha generado una inmediata y contundente reacción por parte de la petrolera, incluye además la prohibición de participar en contratos públicos durante seis meses, lo que podría afectar significativamente su capacidad para suministrar combustible a la administración.
Las empresas afectadas por la sanción son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, a las que la CNMC acusa de haber implementado un “estrechamiento de márgenes” que perjudicó directamente a las estaciones de servicio independientes, que se vieron incapaces de competir con las agresivas estrategias de precios de la petrolera. La investigación del organismo regulador ha revelado que estas prácticas se desarrollaron en un contexto en el que Repsol ostentaba una posición dominante en el mercado mayorista de suministro de carburantes a gasolineras a nivel nacional, lo que le permitía ejercer una influencia considerable sobre las condiciones del mercado.
Repsol, por su parte, ha rechazado de forma categórica la resolución de la CNMC, calificándola de “arbitraria” y anunciando su intención de recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La compañía argumenta que la CNMC “no acredita ni posición de dominio ni efecto de exclusión en el mercado”, y que la decisión se basa en un relato “parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho”. Además, Repsol subraya que la resolución ignora el contexto excepcional vivido en 2022 tras la invasión de Ucrania, un periodo marcado por una volatilidad extrema en los precios del petróleo y una creciente incertidumbre económica.
La CNMC, presidida por Cani Fernández, defiende su decisión argumentando que la legislación vigente obliga a las empresas con poder dominante a extremar su responsabilidad para no restringir la competencia. El “estrechamiento de márgenes”, según el organismo, está expresamente prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que se considera una estrategia que dificulta la actividad de los competidores más pequeños y debilita la dinámica competitiva del mercado.
La investigación de la CNMC ha acreditado que las sociedades del grupo Repsol desplegaron una estrategia comercial “incompatible” con su posición dominante con el objetivo de ganar cuota de mercado frente a las estaciones independientes o de bajo coste. La compañía, según el organismo regulador, trató de revertir la pérdida de cuota que venía registrando desde 2019 mediante una combinación de tácticas agresivas.
El mecanismo utilizado por Repsol consistió, por un lado, en elevar de forma generalizada el precio mayorista del combustible que vendía a las gasolineras independientes, y por otro, en aplicar en su propia red de estaciones descuentos adicionales para los clientes profesionales que repostasen gasóleo A. Estas rebajas se sumaban al descuento de cinco céntimos por litro que la compañía podía ofrecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno, lo que amplificaba aún más su ventaja competitiva. Repsol defiende que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”, y que los descuentos aplicados superaron los 450 millones de euros, siendo comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración.
Sin embargo, la CNMC sostiene que esta combinación de subidas mayoristas y descuentos en la red propia provocó que determinadas estaciones independientes vieran reducidas de forma drástica sus ventas de gasóleo A a clientes profesionales, mientras que Repsol incrementaba su volumen y reforzaba su cuota de mercado. La compañía niega este efecto, afirmando que durante el procedimiento ha quedado acreditado que no hubo exclusión de competidores ni dependencia real.
La CNMC considera que el daño causado por las prácticas de Repsol es “especialmente grave” porque afectó a gasolineras de bajo coste que contribuyen a dinamizar los precios en zonas de alta demanda, como áreas fronterizas o corredores estratégicos de transporte por carretera. Estas estaciones, según el organismo regulador, desempeñan un papel fundamental en la promoción de la competencia y en la protección de los intereses de los consumidores.
El grupo dirigido por Josu Jon Imaz califica la resolución de “arbitraria” y denuncia que el regulador “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, situando su peso real en torno al 25% en 2022. La compañía argumenta que la CNMC ha utilizado una metodología incorrecta para calcular su cuota de mercado, lo que ha llevado a una sobreestimación de su influencia en el mercado.
La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por asociaciones del sector, que alertaron sobre las posibles prácticas abusivas de Repsol. A finales de 2022, la CNMC realizó inspecciones en sedes de operadores de hidrocarburos, y en diciembre de 2023 abrió formalmente un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición dominante.
Como resultado del procedimiento, la CNMC ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros por una infracción “muy grave”. Del pago responderán solidariamente Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, así como sus matrices Repsol Customer Centric y la propia Repsol.
Además de la sanción económica, las sociedades sancionadas no podrán presentarse a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A destinado a automoción durante seis meses, una medida que busca evitar que se beneficien de contratos financiados con fondos públicos mientras persistan los efectos de la “conducta abusiva”.
Repsol ha advertido de que sancionar descuentos legales y supervisados “desnaturaliza el sentido de la norma” y puede limitar rebajas futuras en numerosos sectores. La compañía argumenta que la resolución de la CNMC crea un precedente peligroso que podría disuadir a otras empresas de ofrecer descuentos a los consumidores, lo que perjudicaría a la economía en general. La resolución no es firme y podrá ser recurrida por la petrolera ante la Audiencia Nacional mediante recurso contencioso-administrativo, lo que abre un nuevo capítulo en esta batalla legal.
