Las localidades valencianas de Benetússer, Sedaví y Alfafar han sido escenario hoy de una masiva manifestación bajo el lema “Mazón a prisión”, convocada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, así como por las asociaciones de víctimas de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de emergencias y reconstrucción (CLER). La protesta, cargada de emotividad y reivindicación, busca forzar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a entregar su acta de diputado y comparecer ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la emergencia.
La marcha, que ha recorrido calles aún marcadas por el barro y la desolación de aquel fatídico día, ha estado salpicada de pancartas con mensajes contundentes. “Feijóo y Mazón cómplices son”, “Asesinos, nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia” y “Memoria, justicia y reconstrucción” eran algunas de las consignas que resonaban entre los manifestantes, reflejando el profundo dolor y la frustración de quienes perdieron seres queridos o sufrieron graves pérdidas materiales.
La convocatoria ha reunido a un amplio espectro de la sociedad civil valenciana, uniendo fuerzas en la demanda de responsabilidades por lo que consideran una gestión negligente y una falta de previsión que agravaron las consecuencias de la dana. La participación ciudadana ha sido notable, demostrando la persistencia de la indignación y la determinación de las víctimas de no permitir que este suceso quede impune.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, ha expresado su decepción ante la continuidad de las políticas que, a su juicio, fueron la causa de la tragedia, a pesar del cambio en la presidencia de la Generalitat con la llegada de Juanfran Pérez Llorca. “Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas”, lamentó Álvarez, criticando que Mazón, aunque ya no sea presidente, sigue ocupando un puesto de poder como diputado autonómico aforado, lo que le permite eludir la citación judicial.
Álvarez también ha denunciado la escasa indemnización que han recibido las víctimas, comparándola con la otorgada a las víctimas del accidente de tren de Adamuz, donde fallecieron 46 personas. “La indemnización por fallecimiento es exactamente la misma”, señaló, criticando la falta de sensibilidad y el trato desigual que, según su testimonio, están recibiendo las víctimas de la dana.
La presidenta de la asociación ha acusado al actual gobierno de Pérez Llorca de recurrir a “bulos” y de intentar “crispar y polarizar” la situación, en lugar de abordar las necesidades reales de las víctimas. “Lo único que quieren es crispar y polarizar”, ha afirmado, instando al Consell a reconocer la situación y a crear una línea de indemnización específica para las víctimas de la dana.
Por su parte, Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, ha sido aún más contundente al afirmar que lo único que buscan es “justicia” y, por tanto, “que entren en prisión” los responsables de la negligencia. Gradolí ha calificado de “vergonzoso e indignante” el intento del gobierno de comparar un accidente ferroviario con una gestión deficiente de una emergencia.
“No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas”, ha enfatizado Gradolí, subrayando la importancia de distinguir entre un evento imprevisto y una falta de diligencia que pudo haber evitado o mitigado las consecuencias de la dana.
La manifestación de hoy es una clara señal de que las víctimas de la dana no están dispuestas a olvidar ni a renunciar a la búsqueda de justicia. La presión social sobre el gobierno y sobre Carlos Mazón sigue aumentando, y se espera que esta protesta sirva para acelerar las investigaciones y para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
La exigencia de la entrega del acta de diputado por parte de Mazón se basa en el argumento de que su condición de aforado le permite evitar la citación judicial y dilatar el proceso. Las asociaciones de víctimas consideran que esta situación es inaceptable y que Mazón debe renunciar a sus privilegios para colaborar plenamente con la investigación.
El futuro de la causa penal sobre la gestión de la dana es incierto, pero la movilización ciudadana y la determinación de las víctimas son factores clave que podrían influir en el desarrollo de los acontecimientos. La sociedad valenciana observa con atención el desenlace de este caso, esperando que se haga justicia y que se eviten tragedias similares en el futuro. La memoria de aquellos que perdieron la vida durante la dana del 29 de octubre de 2024 sigue viva, impulsando la lucha por la verdad, la justicia y la reconstrucción.
