La Secretaría de Energía anunció una reprogramación trimestral para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el sistema de Tierra del Fuego, que impactará directamente en las tarifas de la electricidad a nivel nacional a partir del 1 de febrero de 2026. La medida, formalizada a través de la resolución 22/2026, busca una “normalización progresiva” de los precios, aunque genera incertidumbre sobre el impacto final en el bolsillo de los usuarios.
La reprogramación establece nuevos precios estacionales para la energía, la potencia y los servicios adicionales, que servirán como base para los cuadros tarifarios que las distribuidoras aplicarán en todo el país. El objetivo declarado por la cartera de Energía es converger hacia precios mayoristas “eficientes y sostenibles”, trasladando gradualmente los costos reales a las tarifas finales. Sin embargo, la implementación de esta política se realiza en un contexto de emergencia energética y económica vigente hasta julio de 2026, lo que añade complejidad al panorama.
La resolución se enmarca en un proceso iniciado en noviembre de 2025, y se implementa en paralelo al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine los bloques de consumo y las bonificaciones para los usuarios residenciales. Este nuevo esquema de subsidios, que busca una distribución más equitativa de los beneficios, ha generado debate y controversia, ya que implica un ajuste en las tarifas para aquellos usuarios que superan los umbrales establecidos.
Uno de los aspectos más relevantes de la reprogramación es la instrucción a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) para recalcular, de manera transitoria, los cargos de potencia de las distribuidoras. Se establece un umbral del 75% de la demanda máxima histórica en lugar del 90% actual, con una refacturación retroactiva desde noviembre de 2025. Esta medida, según la Secretaría de Energía, busca facilitar la adecuación tarifaria en las jurisdicciones, aliviando la presión sobre las distribuidoras y permitiendo una transición más gradual hacia los nuevos precios.
Además, se actualizó desde el 1 de febrero el recargo que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, elevándolo a 2.029 pesos por megavatio hora. Este incremento se alinea al 2% del precio estacional representativo de los costos de abastecimiento definidos por la Secretaría de Energía. El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica es un mecanismo de financiamiento destinado a promover la inversión en infraestructura eléctrica y el desarrollo de fuentes de energía renovables.
La resolución 22/2026 también deja sin efecto un anexo de la normativa 434/2025, pero mantiene vigentes artículos de una disposición de 2023. Estas modificaciones normativas reflejan la complejidad del proceso de normalización del MEM y la necesidad de adaptar las regulaciones a las cambiantes condiciones del mercado.
La Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA, a los entes reguladores nacionales y provinciales, a las cooperativas y a las distribuidoras eléctricas de todo el país a notificar la resolución y sus implicaciones. La Agencia Noticias Argentinas confirmó la información, lo que da cuenta de la importancia y el alcance de la medida.
El anuncio de la reprogramación trimestral ha generado reacciones diversas en el sector energético. Algunos analistas consideran que la medida es un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del MEM y atraer inversiones en infraestructura eléctrica. Otros, en cambio, advierten sobre el riesgo de que el aumento de las tarifas impacte negativamente en la economía y en el poder adquisitivo de los usuarios.
La implementación del SEF, en particular, ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, que argumentan que el nuevo esquema de subsidios es complejo y poco transparente. Además, se teme que la reducción de los subsidios afecte a los sectores más vulnerables de la población, que podrían tener dificultades para afrontar el aumento de las tarifas.
En este contexto, la Secretaría de Energía se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de normalizar los precios de la energía con la protección de los usuarios y la promoción del desarrollo económico. La reprogramación trimestral es un paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar las expectativas y mitigar los posibles impactos negativos.
La frase de Tales de Mileto, “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás”, puede interpretarse como una reflexión sobre la complejidad de la toma de decisiones en materia de política energética. A menudo, es más fácil criticar las medidas implementadas por otros que analizar objetivamente los desafíos y las limitaciones que enfrentan los responsables de la gestión energética. En este caso, la reprogramación trimestral es una medida compleja que requiere un análisis profundo y una evaluación cuidadosa de sus posibles consecuencias. La transparencia y la comunicación efectiva serán fundamentales para generar confianza y asegurar el apoyo de la sociedad en este proceso de normalización del MEM.
