El Tribunal de Mayor Riesgo “E” ha iniciado el juicio contra siete individuos acusados de integrar una banda de sicarios que aterrorizó a la población de la tercera edad entre 2017 y 2018. La organización criminal, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), se especializó en el robo y asesinato de adultos mayores, aprovechándose de su vulnerabilidad tras retirar dinero de bancos. El caso ha generado conmoción y ha reabierto el debate sobre la seguridad ciudadana en Guatemala, especialmente en lo que respecta a la protección de los sectores más vulnerables de la población.
La banda operaba con una metodología cruel y premeditada. Las víctimas eran identificadas dentro de las agencias bancarias, cuidadosamente seleccionadas por su perfil: personas mayores que preferían manejar efectivo en lugar de utilizar tarjetas bancarias, y que, por su edad y condición física, representaban un blanco fácil. Una vez identificadas, eran seguidas discretamente hasta ser interceptadas en la vía pública, donde eran despojadas de su dinero. En al menos dos casos, la resistencia o el simple hecho de ser testigos de los crímenes resultó en la muerte de las víctimas: Gladys Angélica Rodríguez y Joseline Rompich.
El juicio se centra en esclarecer la participación de cada uno de los acusados en estos hechos. Entre ellos se encuentra Jorge Daniel López Villalta, un nombre que ya resuena en la historia criminal de Guatemala. López Villalta ya cumple una condena de 25 años de prisión por el asesinato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, ocurrido en 2018. Ahora, enfrenta nuevos cargos por su presunta participación en los asesinatos de Rodríguez y Rompich, lo que podría extender significativamente su tiempo tras las rejas.
Los demás acusados son Rubén Darío de León González, Ricardo Francisco Pérez y Pérez, Joshua Josué Morales Santos, José Rogelio Chin Monroy, José Luis Palma Montes de Oca y Antonio Raúl Tocay Yuman. Todos están acusados de los delitos de asociación ilícita, robo agravado y asesinato. Durante la audiencia de apertura a juicio, ninguno de los acusados se pronunció ante el tribunal, reservándose su derecho a la defensa.
El caso ha sido analizado por expertos en seguridad, quienes coinciden en que este tipo de crímenes son un reflejo de la grave crisis de seguridad que atraviesa Guatemala. Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, se destacó que la violencia extrema utilizada por la banda no se limitaba al robo, sino que buscaba silenciar a las víctimas y generar un clima de terror en la población. “A los delincuentes no les basta con despojar a las personas de sus pertenencias. También recurren a la violencia extrema que termina por quitarles la vida”, afirmó uno de los analistas.
Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la banda haya contado con apoyo interno dentro de las agencias bancarias, lo que les habría permitido identificar a las víctimas con mayor facilidad y planear los ataques con premeditación. Esta hipótesis, de confirmarse, revelaría una preocupante falla en los sistemas de seguridad de las entidades financieras y la posible complicidad de empleados en actividades criminales.
Los expertos también han señalado que el perfil de las víctimas, adultos mayores que a menudo no utilizan tarjetas bancarias y que manejan grandes cantidades de efectivo, los convierte en un blanco especialmente vulnerable. La desconfianza en las nuevas tecnologías, la falta de recursos físicos para defenderse y la dificultad para reaccionar ante un asalto son factores que contribuyen a esta vulnerabilidad. “Si yo quiero ir al cajero, también tengo derecho y debería poder hacerlo sin miedo”, se comentó durante el análisis del caso.
En cuanto al perfil psicológico de los acusados, los analistas han descrito a los miembros de la banda como personas sin empatía, con rasgos impulsivos y una frialdad emocional que les permite planificar y ejecutar los crímenes sin remordimiento. “Ven esto como un trabajo. No hay remordimiento. Planifican y ejecutan”, señalaron. Esta falta de empatía y la capacidad de deshumanizar a las víctimas son características comunes en los delincuentes que cometen actos de violencia extrema.
A pesar de la gravedad de los delitos cometidos, los expertos han recordado que la pena de muerte no puede aplicarse en Guatemala debido a los tratados internacionales firmados por el país, como el Pacto de San José. Aunque algunos consideran que la pena de muerte sería una medida justa para este tipo de crímenes, la legislación guatemalteca y los compromisos internacionales del país impiden su aplicación.
El juicio contra los siete presuntos sicarios se espera que sea largo y complejo. En las próximas sesiones, se espera que testifiquen peritos y testigos para respaldar las pruebas recolectadas durante la investigación. La sociedad guatemalteca espera que se haga justicia y que los responsables de estos atroces crímenes sean condenados a las penas máximas previstas por la ley. Este caso no solo busca castigar a los culpables, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad: la violencia contra los adultos mayores no será tolerada y se hará todo lo posible para proteger a los sectores más vulnerables de la población. La seguridad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan, debe ser una prioridad para las autoridades y para toda la sociedad.
