Washington estudia replicar la estrategia venezolana en Cuba, buscando desestabilizar al régimen de Miguel Díaz-Canel y forzar un cambio de gobierno antes de fin de año. La información, revelada por The Wall Street Journal, detalla una operación que se basa en la búsqueda de colaboradores internos, el estrangulamiento económico y la amenaza de un bloqueo aún más férreo, siguiendo un guion similar al aplicado en Venezuela.
La Casa Blanca, según el informe, considera que la economía cubana se encuentra en una situación crítica, “al borde del colapso”, y que el régimen nunca ha sido tan vulnerable tras la pérdida del apoyo crucial de Nicolás Maduro. La dependencia de Cuba del petróleo venezolano, que alcanzaba los 26.500 barriles diarios – cubriendo la mitad de sus necesidades energéticas – ha dejado a la isla al borde de una crisis energética, con riesgo de quedarse sin combustible en cuestión de semanas. La escasez de productos básicos y medicamentos, junto con apagones constantes, agudizan la situación.
El expresidente Donald Trump ha sido particularmente beligerante en su postura, amenazando con cortar por completo el suministro de petróleo y recursos financieros a Cuba. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social el pasado 11 de enero, Trump lanzó un ultimátum: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. Si bien el acuerdo al que se refiere Trump no está especificado, su intención de debilitar al régimen cubano a través del aislamiento económico es clara.
La estrategia estadounidense contempla bloquear el movimiento de buques petroleros hacia Cuba y presionar otros flujos de divisas, como los ingresos generados por las misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos para la isla. El objetivo es aislar a Cuba y forzar una transición política, ya sea a través de negociaciones con líderes del régimen o mediante el apoyo a elementos disidentes dentro del gobierno.
El plan, según fuentes consultadas por The Wall Street Journal, contempla la posibilidad de negociar la salida de figuras clave del régimen, incluyendo a Raúl Castro, de 94 años, como símbolo histórico, y al actual presidente Miguel Díaz-Canel. En caso de que las negociaciones fracasen, la administración estadounidense buscaría el apoyo del círculo íntimo de Díaz-Canel para forzar una transición política.
La respuesta de La Habana ha sido contundente. El presidente Díaz-Canel ha negado rotundamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos y ha desafiado las amenazas de Trump en un discurso pronunciado durante una protesta masiva el pasado 16 de enero, en la que se le vio vestido de uniforme militar. La movilización, que congregó a miles de personas, fue una demostración de apoyo al gobierno y una reafirmación de la soberanía cubana.
El Departamento de Estado estadounidense ya está trabajando en la justificación de su estrategia, argumentando que derrocar al gobierno cubano es una cuestión de seguridad nacional. Funcionarios estadounidenses insisten en que Cuba debe ser gobernada por un gobierno democrático y que no debe servir de base para actividades militares o de inteligencia de adversarios de Estados Unidos.
El calendario previsto para esta operación es ambicioso, con la expectativa de que el proceso, pacífico o no, se complete antes de que termine el año. En un gesto característico de Trump, el expresidente no descartó la posibilidad de que Marco Rubio, exsenador cubanoamericano de Florida y actual secretario de Estado, pueda convertirse en el presidente de Cuba una vez consumada la caída del régimen. Esta idea, aunque especulativa, ha servido para identificar a la figura que lideraría la ofensiva contra el comunismo en Latinoamérica.
La situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de Cuba y la estabilidad regional. La estrategia estadounidense, si bien se presenta como una búsqueda de la democracia, corre el riesgo de desestabilizar aún más la isla y generar una crisis humanitaria. La dependencia de Cuba del petróleo venezolano y la escasez de recursos básicos hacen que la población sea particularmente vulnerable a las sanciones económicas.
La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos. Varios países han expresado su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Cuba y han llamado al diálogo y la negociación como vía para resolver las diferencias. La Unión Europea, en particular, ha instado a Estados Unidos a reconsiderar su política hacia Cuba y a levantar el embargo económico, que consideran un obstáculo para el desarrollo de la isla.
El caso de Venezuela sirve como advertencia sobre los riesgos de una intervención extranjera. La crisis económica y política que atraviesa Venezuela, en gran parte atribuible a las sanciones y la presión internacional, ha generado una profunda crisis humanitaria y ha provocado el éxodo de millones de venezolanos. La repetición de este escenario en Cuba podría tener consecuencias devastadoras.
La situación en Cuba es compleja y multifacética. La isla enfrenta desafíos económicos y políticos significativos, pero también cuenta con una sociedad civil activa y un gobierno que se muestra dispuesto a defender su soberanía. La solución a la crisis cubana no pasa por la intervención extranjera, sino por el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de promover estas vías y de evitar que la historia se repita.
