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Tegucigalpa – La reciente conformación del gabinete de gobierno bajo la administración de Nasry Asfura Zablah ha desatado una ola de críticas y llamados a la transparencia, especialmente en relación a la posible repetición de prácticas de nepotismo que marcaron el anterior gobierno de Xiomara Castro. El diputado liberal Carlos Umaña se ha erigido como la voz más fuerte en la denuncia, exigiendo que no se repitan “los familiones” en el aparato estatal.
Umaña, en declaraciones a la prensa este miércoles, recordó con vehemencia el rechazo popular que generó la proliferación de familiares en puestos clave durante la administración de Libre. “Lo que más se gritó en el gobierno de Libre fue: ‘Fuera el Familión’”, enfatizó el legislador, señalando que, según sus cálculos, más de 2,000 puestos gubernamentales fueron ocupados por personas con vínculos familiares durante ese período. “Eso lo detestamos los hondureños, hoy no queremos que la papada se vuelva a repetir”, añadió con firmeza.
La preocupación del diputado Umaña no es infundada. Los primeros nombramientos anunciados por Asfura han revelado la existencia de relaciones de parentesco entre varios de los nuevos funcionarios, lo que ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que se repitan las mismas prácticas que la ciudadanía condenó en el pasado.
Ante esta situación, Umaña anunció que, junto al diputado Rashid Mejía, han presentado formalmente en la Cámara Legislativa un proyecto de ley contra el nepotismo. Esta iniciativa, según el diputado, busca establecer mecanismos legales que impidan la contratación de familiares en el sector público, garantizando así la igualdad de oportunidades y la meritocracia en el acceso a los cargos gubernamentales.
La ley contra el nepotismo, sin embargo, no es una iniciativa nueva. Umaña reveló que ya había presentado una propuesta similar en la legislatura anterior, durante la presidencia de Luis Redondo en la comisión de ética y transparencia. Sin embargo, su intento fue frustrado, y según sus propias palabras, “me seguetearon por haberla dictaminado favorable”. El diputado denunció que existe una resistencia por parte de algunos funcionarios a la aprobación de esta ley, ya que les permite emplear a sus familiares y, en consecuencia, “ganar mucho ‘billetío’ para su familia”.
Umaña también expresó su agradecimiento al exdiputado Mauricio Villeda Bermúdez por su colaboración en la construcción de la norma que se presentó inicialmente en el Congreso anterior. Villeda Bermúdez, según el diputado, brindó un apoyo fundamental en la elaboración del proyecto de ley, aportando su experiencia y conocimientos para fortalecer la propuesta.
La respuesta a las acusaciones de nepotismo no tardó en llegar desde el partido nacionalista. El diputado Eder Mejía, en declaraciones a la prensa, justificó los primeros nombramientos de Asfura argumentando que responden a compromisos adquiridos con diferentes sectores de la sociedad durante la campaña electoral.
“Más allá que sea un interés de personas o intereses particulares, se trata de un interés de gremios, de sectores”, declaró Mejía. El diputado nacionalista aseguró que los nombramientos obedecen a la necesidad de cumplir con las promesas hechas a diversos grupos de interés, y que no se trata de favoritismos o prácticas de nepotismo. “Hemos hablado con el equipo que acompañó al ahora presidente y ellos nos expresaban que todos estos nombramientos obedecen a esos compromisos que hizo el presidente con los diferentes sectores del país”, añadió.
Sin embargo, esta justificación no ha convencido a la oposición, que insiste en que la meritocracia y la transparencia deben ser los principios rectores en la conformación del gabinete de gobierno. La ley contra el nepotismo, en este contexto, se presenta como una herramienta fundamental para evitar la repetición de prácticas que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
La discusión sobre el nepotismo en el gobierno de Asfura Zablah ha abierto un debate más amplio sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La ciudadanía exige que se rindan cuentas y que se garantice que los cargos gubernamentales sean ocupados por personas calificadas y competentes, independientemente de sus vínculos familiares o políticos.
El futuro de la ley contra el nepotismo en el Congreso es incierto. Sin embargo, la presión de la opinión pública y la determinación de diputados como Carlos Umaña podrían inclinar la balanza a favor de su aprobación. La ciudadanía hondureña observa con atención los próximos pasos del gobierno de Asfura Zablah, esperando que se cumplan las promesas de transparencia y buen gobierno. La sombra del “familión” sigue presente, y la lucha contra el nepotismo se ha convertido en un desafío crucial para la nueva administración. La aprobación de esta ley no solo sería un paso importante para fortalecer la democracia en Honduras, sino también para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
