La calificadora de riesgo Fitch Ratings ha lanzado una sombría advertencia sobre el futuro fiscal de Colombia, proyectando que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) tanto en 2025 como en 2026. Además, la deuda del Gobierno Central podría superar el 60% del PIB en 2027, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
El informe de Fitch, que analiza las perspectivas macroeconómicas y de crédito para las economías latinoamericanas, revela un panorama complejo para Colombia. Si bien se espera que el país consolide una senda de recuperación económica con un crecimiento del PIB de 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026 – posicionándolo como el segundo país con mayor crecimiento en la región, solo superado por Argentina – este crecimiento no será suficiente para revertir la tendencia al alza en el déficit y la deuda.
La calificadora destaca que la resiliencia crediticia de Colombia se verá respaldada por unas condiciones económicas estables, aunque poco brillantes, en la región. Sin embargo, advierte que la falta de un ancla fiscal creíble pondrá en peligro las perspectivas de consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado. Esta advertencia es particularmente relevante en el contexto político actual, donde la incertidumbre sobre el rumbo económico del país es alta.
El panorama fiscal de Fitch contrasta con las expectativas de algunos sectores del gobierno, que habían anticipado una reducción gradual del déficit fiscal en los próximos años. La proyección de Fitch sugiere que el gobierno deberá tomar medidas más drásticas para controlar el gasto público y aumentar los ingresos fiscales si quiere evitar una mayor acumulación de deuda.
La deuda pública de Colombia ya ha sido objeto de preocupación en los últimos meses. En diciembre pasado, Fitch rebajó la calificación crediticia del país debido a un aumento de la deuda pública general en relación con el PIB a medio plazo, alejando a Colombia de la mediana de sus homólogos. La nueva proyección de Fitch agrava aún más esta preocupación, ya que sugiere que la deuda seguirá aumentando en los próximos años.
En comparación con otros países de la región, Colombia se ubicaría como el undécimo país con la deuda más alta en 2025, con un 59% del PIB. Barbados lidera la lista con un déficit del 100%, mientras que Guatemala tiene el déficit más bajo, con cerca del 25%.
La Asociación Nacional de Industriales (Andi) ha expresado su preocupación por la situación fiscal del país, señalando que justo antes de que se declarara la emergencia económica, el gobierno adelantó una “inusual” operación de tesorería. Esta operación, según la Andi, podría haber contribuido a aumentar la deuda pública.
Además de las preocupaciones fiscales, Colombia también enfrenta desafíos en materia de transición energética y reducción de emisiones. El país se ha comprometido a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030, lo que requerirá inversiones significativas en energías renovables y tecnologías limpias.
Por otro lado, se espera que un nuevo avance en la infraestructura de gas natural permita el ingreso de hasta 250 millones de pies cúbicos diarios al Sistema Nacional de Transporte desde 2027, lo que podría contribuir a diversificar la matriz energética del país y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
Sin embargo, estos avances en materia de energía no serán suficientes para compensar los desafíos fiscales que enfrenta Colombia. La falta de un ancla fiscal creíble y la creciente deuda pública podrían socavar la confianza de los inversores y dificultar el acceso a financiamiento en el futuro.
Las elecciones presidenciales de 2026 serán un momento crucial para el futuro económico de Colombia. El resultado de estas elecciones determinará si el país podrá implementar las reformas necesarias para consolidar sus finanzas públicas y garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo. Fitch advierte que las elecciones podrían dar lugar a cambios políticos que afecten a empresas locales, y que el riesgo normativo seguirá siendo un factor clave para la calificación en el sector de los servicios públicos y la energía.
En resumen, el panorama fiscal de Colombia es sombrío. La falta de un ancla fiscal creíble, la creciente deuda pública y la incertidumbre política plantean serios desafíos para el futuro económico del país. El gobierno deberá tomar medidas drásticas para controlar el gasto público y aumentar los ingresos fiscales si quiere evitar una crisis fiscal. La situación exige una atención urgente y una respuesta coordinada por parte de todos los actores económicos y políticos del país. La capacidad de Colombia para superar estos desafíos determinará su capacidad para mantener su estabilidad económica y garantizar un futuro próspero para sus ciudadanos.
