La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años de edad, quien se encontraba detenido desde diciembre.
Según el CLIPP, el funcionario de la Policía de Portuguesa, "adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio", fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por "compartir mensajes críticos". De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
La organización dijo que Torres Fernández falleció el sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un "número importante de personas", un proceso que ONG y la oposición mayoritaria denuncian que ha avanzado a cuentagotas.
"No existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia", señaló el CLIPP, que exigió una "investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos".
Con Torres Fernández, el CLIPP asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014. La organización advirtió que "no puede morir nadie más bajo custodia del Estado" y que "la vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas".
El caso de Torres Fernández se produce en medio de denuncias recurrentes sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos han reportado abusos, torturas y muertes bajo custodia del Estado.
Desde 2014, la crisis política y económica en Venezuela ha provocado una ola de protestas y detenciones de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de utilizar la justicia para perseguir a sus adversarios.
La muerte de Torres Fernández bajo custodia estatal reaviva las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela y la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas privadas de libertad.
