La reciente actuación de la Superintendencia de Educación, invocando la llamada "autonomía progresiva" de los escolares para permitirles incidir en los reglamentos internos de los colegios, ha generado una fuerte polémica en el ámbito educativo chileno.
Esta medida, que se impone de manera obligatoria y sin mayor deliberación pública, es vista por muchos como un intento del Estado por desplazar a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos, relegándolos a un mero papel de acompañantes, mientras el Estado asume un rol tutelar y omnipresente.
La noción de "autonomía progresiva", originalmente concebida en el ámbito de los derechos del niño, ha sido utilizada de manera descontextualizada por la Superintendencia para reordenar la gobernanza interna de los establecimientos educacionales, erosionando uno de los pilares del sistema educacional chileno: la diversidad de proyectos educativos amparada por la libertad de enseñanza.
Expertos señalan que esta medida no solo representa un exceso administrativo, sino que también expresa una concepción ideológica del Estado en materia educacional, que pone en riesgo la autonomía de los proyectos educativos y el rol legítimo de los padres en la formación de sus hijos.
"La educación no es un experimento sociológico ni un laboratorio ideológico: es un proceso formativo integral, que requiere coherencia, responsabilidad y proyectos educativos claros", señala uno de los artículos de opinión publicados en torno a esta polémica.
Asimismo, se critica el hecho de que estas exigencias se establezcan en las postrimerías de un Gobierno derrotado en las urnas, sin una adecuada deliberación pública y sin considerar la realidad concreta de los establecimientos educacionales.
El contraste entre el celo regulatorio de la Superintendencia y la incapacidad del Gobierno para cumplir con obligaciones básicas, como la transferencia oportuna de fondos de gratuidad a las universidades, también ha sido objeto de cuestionamientos.
Expertos advierten que esta prioridad equivocada, que privilegia la imposición normativa y el control político-cultural sobre el fortalecimiento del sistema educacional desde la colaboración y el respeto institucional, no conducirá a una mejor educación, sino a más conflicto, división y desconfianza.
Ante este escenario, se espera que el próximo gobierno, que asumirá en marzo, pueda enmendar rápidamente este "abuso" y demostrar una capacidad de corrección del rumbo educacional, en línea con la voluntad mayoritaria del país expresada en las urnas.
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