La justicia ecuatoriana logró capturar a Miguel Morocho, un exfuncionario público acusado de participar en un intento de asesinato, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela. Según la investigación, Morocho habría contratado a un sicario para atacar a Washington Vasco, un dirigente de una cooperativa de transporte con la que mantenía disputas.
El caso se remonta al 5 de marzo de 2025, cuando Vasco fue interceptado por un taxi y recibió tres disparos que lo dejaron herido de gravedad. La Policía logró identificar al conductor del vehículo, José Ignacio Peñafiel Plúa, como uno de los implicados, y a través de cámaras de seguridad y testimonios, también vincularon directamente a Morocho con el ataque.
Además, se encontró una pericia de audio que, según la Fiscalía, sugiere que Morocho habría contratado a otra persona para asesinar a Vasco. La esposa de la víctima también declaró que existían discrepancias previas entre Morocho y su esposo por la administración de la cooperativa de transporte, de la cual ambos eran socios.
A pesar de que la defensa de Morocho intentó alegar fuero por su condición de concejal, la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas determinó que el fuero no aplicaba en este caso, ya que se trataba de un delito común no relacionado con el ejercicio de funciones públicas.
Finalmente, la Corte Provincial rechazó el recurso de apelación presentado por los procesados y confirmó la prisión preventiva de Morocho y Peñafiel Plúa, al considerar que se cumplían los requisitos legales para mantenerlos detenidos.
La captura de Morocho en territorio colombiano, cuando intentaba huir hacia Venezuela, solo confirmó los temores de la justicia ecuatoriana sobre el riesgo real de fuga dentro de este proceso penal por tentativa de asesinato.
