La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desmintió que exista una norma de "amarre" en la ley de reajuste del sector público que impida desvincular a funcionarios públicos. Aseguró que solo se requiere justificación para hacerlo, al igual que en el sector privado.
Vallejo explicó que lo que establece la ley es que, si un empleador (en este caso, el Gobierno) quiere desvincular a un funcionario público, debe fundamentar la razón, ya sea por mal desempeño, falta de necesidad de esas funciones u otros motivos. Pero recalcó que no hay impedimentos para desvincular a funcionarios de confianza política.
La vocera de Gobierno calificó de "propaganda" la idea de que la ley contenga una "ley de amarre", señalando que esto fue solicitado por los propios funcionarios y organizaciones, y que no es una innovación, pues siempre se ha podido reclamar ante una desvinculación injustificada.
Vallejo destacó además que el costo del reajuste del sector público es el más bajo desde 2019, por lo que no se trata de una propuesta excesiva. Afirmó que el Gobierno está abierto a revisar la norma, pero sin conceder "las mentiras que se instalan sobre esto".
La ministra enfatizó que todos los funcionarios de confianza política que entraron con el Gobierno se retirarán junto con el presidente el 11 de marzo, por lo que no hay impedimentos para desvincularlos.
