La reciente declaración del diputado Luis Redondo, en la que anunció que el Legislativo realizará un recuento total de las urnas si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo hace, ha generado una fuerte reacción de la sociedad civil. Diversos sectores han expresado su rechazo a esta iniciativa, argumentando que se trata de un intento de deslegitimar el proceso electoral.
Redondo, quien es el presidente del Congreso Nacional, señaló que si el CNE no lleva a cabo el recuento solicitado, el Poder Legislativo asumirá esa función. Esta declaración ha sido interpretada por analistas y organizaciones como un movimiento político para cuestionar los resultados de las elecciones, a pesar de que el CNE ya ha certificado la validez del proceso.
"Es inaceptable que se pretenda desconocer la autoridad del ente electoral y realizar un recuento paralelo. Esto solo genera incertidumbre y desconfianza en el sistema democrático", afirmó Juana Rodríguez, representante de una organización de la sociedad civil.
Por su parte, el CNE ha reiterado que el proceso electoral se desarrolló de manera transparente y con pleno apego a la ley. Asimismo, han señalado que no existe justificación legal ni técnica para un recuento general de las urnas.
"El CNE ha cumplido con su deber de organizar y supervisar las elecciones. No hay razones válidas para dudar de los resultados, que han sido validados por observadores internacionales", indicó el presidente del ente electoral, Ernesto Gómez.
La oposición a la propuesta de Redondo ha sido amplia y transversal. Partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y líderes de opinión han manifestado su preocupación por lo que consideran un intento de desestabilizar el proceso democrático.
"Estamos ante un claro desafío a la institucionalidad. No podemos permitir que se socave la confianza de los ciudadanos en las elecciones", señaló María Fernanda Pérez, directora de una organización de observación electoral.
Expertos en derecho constitucional han advertido que un recuento paralelo impulsado por el Poder Legislativo sería inconstitucional, ya que la Carta Magna establece que el CNE es el único organismo facultado para organizar y supervisar los procesos electorales.
En medio de este debate, se espera que las autoridades electorales y políticas logren un acuerdo que permita preservar la integridad del proceso y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
