La Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado el 11 de enero de 2026 para aclarar los alcances de la sentencia 112-21-IN/25, la cual fue objeto de diversas interpretaciones y reacciones por parte de las autoridades.
En el comunicado, la Corte señaló que la sentencia no prohíbe la participación privada en el sector eléctrico ni paraliza proyectos energéticos, como se había afirmado. Por el contrario, la decisión mantiene abiertas las vías de participación privada, pero dentro de reglas claras y específicas que se ajusten a lo establecido en la Constitución.
La Corte explicó que la sentencia declaró inconstitucional una causal legal que permitía delegar actividades al sector privado "cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general", por considerarla excesivamente amplia y contraria al principio constitucional que establece que la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.
Sin embargo, la Corte aclaró que la sentencia no eliminó los mecanismos de delegación al sector privado. Permanecen vigentes las causales que permiten delegar cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas o mixtas, y cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales.
"La sentencia no anula concesiones ya otorgadas, no detiene proyectos en ejecución y no impide nuevas delegaciones. La propia decisión establece expresamente que sus efectos son hacia el futuro y que no afectan las delegaciones realizadas antes de su publicación en el Registro Oficial", señaló la Corte en el comunicado.
Asimismo, la Corte dejó claro que la sentencia no guarda relación con los eventuales problemas de suministro eléctrico, sino que se limita a verificar la conformidad de una norma con la Constitución.
El presidente de la República, Daniel Noboa, había calificado la sentencia como un "cálculo político" en un mensaje en su cuenta de X. Sin embargo, la Corte Constitucional reiteró su compromiso con la defensa de la Constitución, la seguridad jurídica y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
